Representantes de al menos 13 países de la organización Transparencia Internacional advirtieron que hay riesgo de corrupción y opacidad en las compras que realicen los gobiernos para hacer frente a la pandemia de coronavirus Covid-19.
La organización presentó el análisis Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas, con el cual indica los riesgos identificados y las estrategias preventivas claves, y propuso cinco líneas de acción:
- Máxima apertura en la información con una visión integral de las contrataciones públicas, desde la planeación hasta la entrega del bien.
- Activación de mecanismos pro-competencia
- Fiscalización en tiempo real
- Identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio
- Amplia rendición de cuentas pública sobre los recursos utilizados y su destino.
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En un comunicado, aseguró que las medidas buscan garantizar que las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, "y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo".
"Es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada en nuestros países”, afirmó el grupo de trabajo.
Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional, comentaron que los riesgos de captura de recursos por grupos de interés económicos y la administración desigual de las ayudas directas, puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
Advirtieron que uno de los pretextos que usan los gobiernos para no transparentar las compras públicas, es que esto retrasa la entrega de bienes y servicios, pero afirmaron que no es así.
“Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción”, mencionó.
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Transparencia Internacional explicó que garantizar la máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia para todo el ciclo de contratación pública, implica que la información, desde la determinación de las necesidades, hasta la entrega de los bienes y servicios a la población afectada, debe publicarse en formatos que permitan analizar cada una de las adquisiciones y su conjunto. Se deberá considerar el uso de datos abiertos.
Ademas, se debe activar a las agencias nacionales antimonopolio, como la Comisión Federal de Competencia Económica, o las agencias de protección al consumidor, como la Procuraduría Federal del Consumidor o la Condusef, para evitar prácticas contrarias a la competencia económica, la colusión entre agentes económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios al consumidor final.
Asimismo, recomendó aprovechar las inversiones realizadas en contralorías y órganos de fiscalización superior para realizar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.
Se debe concentrar en una sola plataforma toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generar identificadores en la plataformas electrónicas de contratación pública.
“En el caso del gobierno federal de México, Compranet deberá identificar con claridad el conjunto de procesos de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios que se emplearon para enfrentar la emergencia.
“La emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas del conjunto de los recursos invertidos y de las contrataciones realizadas en este contexto de emergencia sanitaria”, reiteró.
FLC