El gobierno federal seguirá con la fiscalización en institutos, hospitales y unidades del sector salud y aplicará la ley contra “corruptos” que han hecho mal manejo de los recursos públicos y han beneficiado a grupos privados, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Luego de la destitución de Miguel Ángel Celis de la dirección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de que anunciara una deuda de 86 millones de pesos en el Hospital de la Mujer, a cargo de Benjamín Orozco Zúñiga, el funcionario federal aclaró “aquí no hay de favoritos o de rechazados, o que estén en la mira. Aquí no hay mira”.
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“Solo la responsabilidad de limpiar de corrupción al país y nuestra convicción es que para que el sistema nacional de salud, igual que el resto de las instituciones, funcione correctamente tenemos que quitar de raíz la corrupción y los intereses creados”, agregó.
En entrevista, López-Gatell refirió que todas las instituciones, dependencias y unidades operativas están sujetas, por ley, a procesos de fiscalización por parte de los órganos internos de control, que coordina la Secretaría de la Función Pública.
“La diferencia es que ahora sí vale, ahora sí se ejerce la ley y se cuidan los procedimientos y se hace un seguimiento hasta las últimas consecuencias”, dijo.
El funcionario federal explicó que en los procesos de auditorias públicas, por parte de los órganos internos de control, han detectado que la mezcla de “corrupción con intereses creados por intereses de entidades privadas, a través de intermediarios, se han infiltrado a lo largo de 36 año para privilegiar sus negocios por encima del interés público”.
“Este tipo de actores, que son muy oportunistas y muy mentirosos, lo que quieren es allegarse de adeptos, manipulando a la opinión pública con consignas y asumiendo que representan a la sociedad”, aseveró.
Por eso en esta administración, aclaró, “toda acción administrativa o legal que se tenga que ejercer para quitar esta influencia negativa de ciertos personajes que están en la administración pública y fuera de ella, va a hacer ejecutada y, reitero, no debe interpretarse como una confrontación con la sociedad”.
Y, para romper con ese círculo vicioso, de gobiernos anteriores, están quitando a los que “saboteaban a sus propias instituciones públicas para favorecer a aventureros privados”.
Una de las misiones de este gobierno, abundó, es acabar con convenios de subrogación, que en realidad son “privatización disfrazada” promovida desde el pasado sexenio.
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