La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso del capitán José Manuel Fernández Aguirre, quien fue condenado al pago de más de 30 millones de pesos a favor de Aeroméxico para reparar el daño y perjuicio que presuntamente provocó por un paro de pilotos en 2017, el cual afectó a 10 mil pasajeros por la cancelación de vuelos.
Karime Díaz Slim, abogada del piloto, dijo a MILENIO que el capitán no encabezó un paro, además de que el día de los sucesos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se encontraba cerrado debido a un banco de niebla que no permitía el despegue de vuelos.
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La litigante explicó que el 13 de marzo de 2018, Aeroméxico demandó del capitán José Manuel Fernández, la reparación de daño material y moral por la suspensión de vuelos el 28 de noviembre de 2017, “bajo el infundado argumento de que el demandado había provocado dicha suspensión”.
Díaz Slim mencionó que Fernández Aguirre ostentaba el cargo de secretario de Trabajo y Conflictos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), y que el 28 de noviembre, diversos pilotos se reunieron para solicitar a la empresa Aeroméxico la reinstalación de un piloto que había sido dado de baja laboral durante su incapacidad médica.
“Mi representado nunca interrumpió el ingreso de personal o pasajeros a la puerta número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o a los filtros de seguridad, ni tampoco se trató de un paro o huelga como erróneamente se ha señalado en medios de comunicación.
“Cabe destacar que el aeropuerto se encontraba cerrado debido a una densa niebla que no permitía a los vuelos despegar, y la cual fue reportada en varios medios de comunicación, por lo cual los pilotos que no pudieron iniciar sus vuelos se unieron a los pilotos que solicitaban un diálogo con la empresa para la reinstalación de su compañero, y debido a que Aeroméxico no cuenta con personal para cubrir las eventualidades de los vuelos programados, estos fueron suspendidos por parte de Aeroméxico, pasando por alto que la Norma Oficial NOM 002-SCT-3-2012, obliga a las aerolíneas a contar personal suficiente para suplir faltas y evitar la suspensión de vuelos”, declaró.
Karime Díaz indicó que en el amparo que será estudiado por la Corte reclaman violaciones procesales y a los derechos humanos, entre éstas, violación a la libertad de expresión, toda vez que las condenas apuntan a que el capitán incurrió en daño moral al conceder entrevistas en las cuales explicaba lo sucedido.
“Sin embargo, de ninguna de las entrevistas se aprecia que el capitán José Manuel Fernández haya hablado contrario a la verdad o haya abusado de la libertad de expresión”, agregó.
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Asimismo, se analizará la violación a la libertad de asociación, “pues es falso” que el capitán haya organizado un paro ilegal. “En el procedimiento civil no existe ninguna prueba con la que se demuestre que nuestro representado organizó o dirigió un supuesto paro ilegal”, apuntó.
También, violación a derechos laborales, en virtud de que un empleado no puede ser condenado a más de un salario mínimo en el caso de haber provocado daños y perjuicios, siendo que se le pretende condenar a una suma estimada en 30 millones de pesos.
Un juez condenó al capitán al pago de daños y perjuicios por 30 millones de pesos, así como al pago de daño moral, que a la fecha está pendiente de ser cuantificado.
La sentencia de primera instancia fue apelada, y la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió el 28 de noviembre de 2019, revocar la sentencia. No obstante, la empresa promovió un amparo y un juez federal ordenó al juez 63 Civil modificar la sentencia de primera instancia, la cual nuevamente condenó al capitán.