La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de la Ley Orgánica de la Armada de México (LOAM), cuyos artículos fueron impugnados por legisladores federales de oposición que consideran que se dota a los marinos de facultades en materia de seguridad pública y en tareas civiles.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa solicitó a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, retirar de la discusión de hoy el proyecto de sentencia donde proponía avalar las reformas a dicho estatuto.
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Esquivel Mossa indicó que algunos ministros realizaron observaciones a su proyecto, motivo por el cual debía analizarlos.
“Toda vez que, en este asunto, en esta acción de inconstitucionalidad 173/2021, he recibido algunas observaciones de las señoras y señores ministros, yo solicitaría que se retire el asunto para efecto de analizarlas cuidadosamente”, expresó Esquivel Mossa.
Por esta razón, la ministra Piña Hernández señaló que quedaba retirado el asunto hasta una nueva fecha.
En su proyecto, la ministra proponía declarar procedente, pero infundada, la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados federales del PAN, PRI, PRD Y MC, que aseveran que el estatuto promueve la militarización.
Uno de los puntos centrales es el artículo 4, fracción I, el cual establece la posibilidad de que la Armada de México comisione a personal de la Secretaría de Marina (Semar) a otras dependencias.
La ministra indica que el hecho de que exista personal comisionado de la Armada de México en diversas dependencias no implica una presencia permanente y mucho menos que desempeñen en cualquier momento actividades de mandos civiles.
Los legisladores también impugnaron el artículo 29 porque estiman que se otorga a la Unidad de Policía Naval funciones de seguridad pública, y los marinos que están adscritos a la Guardia Nacional (GN) deben estar subordinados a dicha unidad.
“En ese sentido, el control administrativo del personal naval comisionado a la Guardia Nacional tampoco significa una superioridad de la Armada sobre esta, sino que solo retoma el mando de funcionarios que se encuentran, orgánicamente, adscritos a dicha institución, es decir, que no forman parte del personal de la Guardia Nacional”, detalla el proyecto de la ministra.
También reclamaron el artículo 38, relacionado con las facultades de la Unidad de Inteligencia Naval; los diputados aseguraron que existió una omisión por parte del legislativo, porque el precepto no aclara las funciones ni delimitan las facultades de esta unidad.
La ministra puntualiza que, en nuestro país no es ajeno el servicio que las fuerzas armadas ofrecen a nuestra sociedad en tiempos de paz, como el auxilio a la población civil en casos de desastres, o en campañas de reforestación.
Además, de custodia, distribución, captación y resguardo de paquetes electorales; vigilancia y custodia de bienes nacionales; auxilio a autoridades de procuración de justicia y apoyo al combate al narcotráfico.
Esquivel Mossa también destaca que se destinan cuantiosos recursos para las fuerzas armadas, cuyo empleo no podría justificarse si la mayor parte del tiempo permanecieran inactivos en sus cuarteles.