Por segunda semana consecutiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la discusión de las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso del Estado de Tamaulipas que impugnan el desafuero y la orden de aprehensión contra el mandatario de la citada entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
MILENIO dio a conocer la semana pasada que en ambos casos, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá declarar fundadas las controversias e invalidar la orden de aprehensión, porque el gobernador goza de fuero constitucional.
Las controversias constitucionales fueron promovidas contra actos que ejercieron la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR).
En meses pasados, el congreso local se negó a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, misma que ordenó retirar la inmunidad al gobernador.
A pesar de esto, la FGR solicitó una orden de aprehensión contra el mandatario estatal por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue concedida por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El gobernador Cabeza de Vaca cuenta con un amparo desde noviembre de 2021, sentencia que impide su detención.
Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, precisó en su resolución que se violaron los derechos del gobernador porque están en curso controversias constitucionales que la Corte debe resolver sobre su inmunidad.
El juzgador dijo que eligió “por proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”.
Faustino Gutiérrez dejó claro que su sentencia “no implica que se favorezca la impunidad al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de delitos del orden federal”, pues lo que determinó en su momento la Legislatura de Tamaulipas se limita a que, por el momento, hasta que concluya su mandato, conserva “la protección o inmunidad procesal penal”, por lo mismo, también decidió no poner a disposición de las autoridades federales al titular del Ejecutivo local.
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