La Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) anuló por inconstitucional una fracción de un artículo de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Veracruz, que permitía el uso de medios alternativos en casos de violencia familiar.
Es decir, Veracruz abrió la puerta para que los agresores no llegaran a tribunales y no recibieran sanciones penales ni mucho menos se decretarán medidas cautelares, a partir de una conciliación con la víctima.
El pronunciamiento del Alto Tribunal derivó de una acción de inconstitucionalidad que interpuso el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien demandó la invalidez parcial del artículo 17 del mencionado estatuto que fue promulgado el 8 de agosto de 2019.
“Se cuestiona que los conflictos de violencia familiar puedan conciliarse, pues la víctima suele situarse en desventaja ante el agresor”, dijo el ministro Javier Laynez Potisek, quien elaboró el proyecto de sentencia que propuso anular la fracción.
El ministro declaró que la Convención de Belem do Para, mecanismo interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, prohíbe el uso de medios alternativos en estos asuntos.
Añadió que en casos de violencia familiar o de género, la víctima tiene una posición subordinada con respecto a su agresor, por lo que no es imposible partir de una base de igualdad que permita una conciliación.
El Pleno se sumó al proyecto de Laynez Potisek y coincidió que la mayor parte de las víctimas de violencia familiar suelen ser mujeres, menores de edad o adultos mayores, mientras que los agresores son comúnmente hombres, que son jóvenes o de mediana edad, por lo que no hay equilibrios ni posiciones igualitarias para negociar una conciliación.
jamj