Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el amparo directo en revisión que interpuso la ex titular del área Antilavado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Erika de León Rodríguez, quien fue sentenciada a 50 años de prisión por delitos de extorsión y secuestro.
En julio del presente año, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal rechazó amparar a la ex funcionaria.
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Sin embargo, la ex fiscal promovió un recurso que hizo suyo el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de la Corte, quien dio entrada a la impugnación y turnó el caso a un ministro para que elabore un proyecto de sentencia.
En el acuerdo emitido por el ministro, se menciona que la ex fiscal planteó la inconstitucionalidad del artículo 9, fracción I, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
León Rodríguez fue titular de la Unidad de Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación, Alteración de Moneda, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se le acusó por los delitos de extorsión y secuestro exprés, ambos agravados.
La investigación derivó de una denuncia realizada por un particular ante la Fiscalía Especializada en Asunto Internos (FEAI), quien denunció que fue privado de la libertad bajo la supuesta existencia de una orden de presentación en su contra.
Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la entonces SEIDO, donde Erika De León le exigió un millón de pesos para no consignarlo, motivo por el cual entregó 600 mil pesos y el resto quedó en pagarlo después.
Tras la investigación interna, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión.
Una vez detenida y desahogado el proceso penal en su totalidad, el juez la declaró penalmente responsable, imponiéndole la pena de 50 años de prisión; multa por 560 mil 800 pesos, así como el pago de la reparación del daño por 600 mil pesos.
Inconforme con dicha resolución, la sentenciada agotó todas las instancias correspondientes, sin embargo, se confirmó en definitiva la pena mencionada.
De acuerdo con el expediente judicial, el denunciante narró que, al dirigirse a la SEIDO, un “comandante gordito de barba” le pidió 500 mil pesos “para ayudarle a desaparecer todo lo investigado”.
Asimismo, escuchó que se comunicaban con la “licenciada” de quien dijeron que era muy “cabrona y exigía mucho dinero”.
Después, “ella lo condujo a una oficina donde le explicó que ahí se investigaban delitos como lavado de dinero o narcotráfico”.
Luego, cuando ella regresó, le pidió sus pertenencias al momento que le decía que el lavado de dinero no era sólo para narcotraficantes, sino para personas que hacían otro tipo de operaciones.
“Ella salía y regresaba al lugar, le refería cuestiones personales y volvía a salir, incluso mencionó no tener pruebas para ‘consignarlo’, mientras que los sujetos que estaban le pedían 2 millones de pesos y le tomaban fotografías”.
Lo cambiaron de oficina, donde otra persona le preguntó si ya había quedado con los oficiales. Al responder sí, le instruyó “ahorita que te declare te abstienes”. Después entregó 600 mil pesos que le prestó su padre.
CHZ