La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión solicitada por diputados panistas en torno a las reformas de Morena a la ley interna del Congreso de Tamaulipas, como parte del juicio de inconstitucionalidad que promovió la bancada albiazul.
De acuerdo con la ministra Margarita Ríos Farjat, no ha lugar su solicitud, ya que por regla general, dicha medida cautelar no contempla las acciones de inconstitucionalidad, pues en ella se impugnan normas que contienen previsiones de naturaleza general, abstracta e impersonal, cuyos efectos no son susceptibles de paralizarse, ya que perderían su existencia y quedaría sin materia.
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Se explicó que tampoco hay un daño irreparable de transgresión a un derecho humano, solo se trata de que los diputados de minoría se dicen discriminados en el proceso de negociación para reformar la ley interna.
“No hay una afectación irreversible a sus derechos. Por lo tanto, sin prejuzgar respecto al fondo del asunto, que será motivo de estudio en la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la suspensión solicitada”, expuso la ministra.
En el expediente de la acción de inconstitucionalidad 217/2023, los legisladores albiazules solicitaron declaración de invalidez del contenido total del Decreto 65-652 por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.
“Se solicita respetuosamente la suspensión del decreto impugnado, toda vez que no debe abusarse de la acotada autonomía de los Congresos para darse su propia regulación interna”, plantearon.
Señalaron que la mayoría simple del partido guinda, abusando de su posición mayoritaria, modificaron la integración y sistema de votación de diversos órganos como la Diputación Permanente, la Junta de Gobierno y la Junta de Coordinación Política, lo que, afirman, viciaría actuaciones legislativas y nombramientos como el del auditor superior.
Añadieron que fue un decreto aprobado con 22 votos a favor y no con 24 como lo marca la ley, e insistieron que resulta violatorio de los derechos humanos de los diputados de minoría, al ser “discriminados” del proceso de negociación para reformar la ley interna, por sus críticas al gobierno federal y estatal de Morena.
SJHN