Al menos tres mil millones de pesos en crédito fueron contratados por los gobiernos estatales para reactivar la economía después de la pandemia de covid-19, pero esos recursos se convertirán en deuda pública, advirtió Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Al participar en en el panel La Pandemia y el Gobierno Abierto en México, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con motivo de la Semana de Gobierno Abierto, el especialista en rendición de cuentas dijo que hay recursos públicos que no se pueden fiscalizar tan fácilmente porque se trata de dinero que no se tiene, pero que sí se usa, como son los instrumentos financieros, como el crédito.
“Si ustedes me preguntaran la proporción de recursos que vamos a invertir en la emergencia versus en la reactivación y recuperación económica, no hay forma en que no se vea pequeño el número de la emergencia sanitaria”, aseguró.
Recordó que el gobierno federal anunció en las primeras semanas de la pandemia que la reactivación económica tendría un costo de 630 mil millones de pesos al menos, pero dijo que eso es la cifra pequeña, porque sale del presupuesto.
“Eso es lo que está en el presupuesto, (ahora) agréguenle los instrumentos financieros: el presupuesto es el dinero chiquito, el financiero es el grandote”, expresó.
Dijo que aunque casi siempre se revisa el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para monitorear gasto, es erróneo, pues los instrumentos financieros no aparecen ahí, sino en la Cuenta Pública, que es lo que ya se gastó.
“Son instrumentos de crédito o de financiamiento que no son de origen presupuestario; las estimaciones que hicimos en 2020 es que solo uno de cada 10 pesos gastados alrededor de la recuperación económica viene del presupuesto”, indicó.
Y puso como ejemplo que, de acuerdo con el monitoreo de Transparencia Mexicana, los gobiernos estatales activaron mecanismos de crédito “muy blando, casi a fondo perdido: fueron con la banca de desarrollo, contrataron crédito, lo apalancaron con la deuda pública de la entidad y lo distribuyeron; son 3 mil millones de pesos de créditos que distribuyeron y sabemos que no van a volver por las condiciones económicas”.
“La deuda se va a quedar para todos en la Cuenta Pública de ese gobierno estatal”, afirmó.
Consideró que los controles sociales para vigilar y monitorear ese tipo de gasto público son apenas incipientes y se están diseñando por parte de algunas organizaciones
“Lo que no hemos discutido con suficiente fuerza es lo que tiene que ver con privatizar los beneficios y democratizar los costos, que es lo que está pasando en muchos lados con la reactivación económica, y ahí hay un vacío enorme de control social. A muchos les molesta el Fobaproa, ahorita tenemos unos 100 fobaproas en el mundo que se están activando pero están debajo del escrutinio social porque se amparan en la declaratoria de emergencia”, destacó.
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