La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encontró que el Instituto Nacional de Migración (INM), realizó pagos no correspondientes con listas de registros o facturas, o bien, pagos millonarios sin contar con la autorización de tres delegados federales, entre otros.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018, publicada por la ASF, expone “pagos en demasía en la contratación de servicios de vigilancia por 3 mil 999 millones de pesos y pagados a 5 mil 244 guardias”.
La correlación de cifras y la revisión de documentos, descubrió “que no corresponden al número de elementos comprobados mediante las listas de asistencia, y por la falta de facturas que acrediten un importe ejercido de 15. 948 millones de pesos”.
En el segundo caso, que no contó con la autorización de los delegados federales, se anota que fueron pagos “por 6. 8 millones de pesos con estimaciones”.
Otras irregularidades detectadas fueron: “pagos indebidos por tres millones de pesos sustentados en la emisión de 114 solicitudes de servicio, las cuales contienen los datos duplicados de números de solicitud, conceptos de servicio vehículo y monto; así como de 81 vehículos que no se encontraron registrados en el parque vehicular” del INM, expone el documento.
El objetivo de la auditoría a este instituto fue “fiscalizar la gestión financiera del Instituto Nacional de Migración para verificar que el presupuesto asignado en el ‘Programa E008, Política y Servicios Migratorios’ se ejerció y registró, conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”.
Como resultado de las diversas irregularidades encontradas, el INM fue objeto de 19 recomendaciones; 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y de 10 pliegos de observaciones.
“Otros de los principales resultados de la auditoría practicada, es la falta de aplicación de penas convencionales por 26. 1 millones de pesos de tres contratos, debido a que no se encontró la documentación que acredite que el proveedor proporcionó los entregables de inicio”, expuso.
Pero también de 56. 3 millones de pesos “de los que no se proporcionaron los reportes, recomendaciones y alertas de seguridad, entre otros, ni tampoco los informes mensuales sobre la administración y seguimiento correspondientes”.
Por último, la Auditoría detectó falta de documentación que acredite al proveedor de servicios de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, “proporcionó los entregables por 69. 1 millones de pesos, correspondientes a 2 contratos”.
jlmr