María del Carmen Pardo, investigadora en la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que el acuerdo presidencial publicado ayer por la tarde, que clasifica todos los proyectos de gobierno como de seguridad nacional, deja en la indefensión a los ciudadanos.
“Si usted mete en este paraguas de seguridad nacional proyectos de infraestructura, obras, etcétera, bajo ese supuesto, el gobernante tiene derecho a hacer prácticamente lo que quiera, sin que los ciudadanos tengamos derecho a defendernos, aunque haya algún acto arbitrario o si hay algún abuso, porque no nos lo van a permitir, porque es un tema de seguridad nacional, entonces sí es muy grave”, dijo en entrevista con MILENIO.
La profesora explicó que el acuerdo se inscribe en la misma línea que ha planteado el gobierno, y el actual Presidente, de centralizar el poder y de impedir la participación de los ciudadanos en el espacio de lo público.
“Si es un tema de seguridad nacional se sobreseen los amparos que pueda haber y los ciudadanos no tenemos derecho a ningún tipo de reclamación o de indemnización o de nada, porque el tema de seguridad nacional se vuelve un paraguas protector”, añadió.
La especialista en Administración Pública afirmó que es un tema crítico y complicado, que, además, fomenta la opacidad y la falta de competencia para adjudicar contratos.
“El argumento sería ‘no te puedo dar la información porque estás en el territorio de la seguridad nacional’; sencillamente, si cae todo ahí, no puede ni siquiera exigirse rendición de cuentas y transparencia. Es muy crítico, también”, dijo.
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La adjudicación directa de contratos, comentó, es una práctica que ha venido implementando este gobierno sin ningún contrapeso, con el argumento de que las licitaciones que se hicieron en el pasado tuvieron defectos.
“Puede ser, pero no nos podemos pasar al otro extremo de que ahora ya no se licita nada y ahora son puras adjudicaciones directas, realmente es un retroceso muy grave porque sí había habido un esfuerzo importante para que hubiera competencia, concursos, se discutieran precios y volvimos al supuesto de que la adjudicación directa es la mejor práctica, cuando en otras partes del mundo se ha demostrado que no es cierto, justamente por la opacidad”, explicó la especialista.
LP