“Violación” al principio de división de Poderes, “desconocimiento” de las competencias del Congreso de Nuevo León, de su orden constitucional y un intento de modificarlo “por decreto” y “subordinarlo”, así como “amenazas” a los diputados locales, a quienes quiso “suplantar” “sistemáticamente” Samuel García, acusado de tener una “actitud contumaz”; es parte de la demanda en su contra que, en los hechos, tumbó sus aspiraciones presidenciales.
A tan sólo media hora de que se cumpliera el plazo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Javier Laynez, ordenó reconocer a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León, un revés que resultó fatal para la candidatura presidencial de Samuel García por Movimiento Ciudadano.
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Un día antes de esta resolución del ministro Laynez Potisek, el Congreso de Nuevo León, a través del presidente de la Mesa Directiva, Mauro Guerra, presentó una ampliación a la demanda ya promovida en contra de García Sepúlveda ante el máximo tribunal del país en la que solicitó una nueva suspensión o modificación de la ya otorgada un par de semanas antes para que fuera el Legislativo y no el gobernador quien designara al mandatario interino durante su ausencia.
El ministro Javier Laynez le dio la razón al diputado panista Guerra Villarreal, en representación del Congreso de Nuevo León, y este fallo judicial, al final, tumbó la candidatura presidencial de Samuel García.
En su escrito, el diputado Mauro Guerra reclamó ante el ministro de la SCJN la validez del Acuerdo del titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, mediante el cual se designa al secretario (Javier Navarro) encargado de despacho de los asuntos del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León.
“La acción por parte del Poder Ejecutivo del estado de designar a un gobernador interino, implica un acto de intromisión y una clara intención de generar subordinación en contra del Poder Legislativo actor, lo que vulnera el principio de división de poderes.
“La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante”, expuso.
En el documento de poco más de 40 páginas, el diputado Guerra Villareal calificó de “flagrantemente violatorio” este Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 18 de noviembre.
“El gobernador del estado pretende modificar el orden constitucional local por decreto, pues las normas que contiene al Acuerdo que se reclama buscan regular una materia reservada a la Constitución del estado.
“Lo cierto es que persiste la actitud contumaz del gobernador de Nuevo León, ya no únicamente para acatar el orden constitucional general y local predeterminado, sino ahora además, resoluciones como la dictada por ese ministro instructor (Javier Laynez), que son de orden público e interés social y, por ello, deben hacerse cumplir con todos los medios necesarios”, subrayó.
Aunado a este tema jurídico, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León denunció “amenazas” por parte de Samuel García.
“El titular del Ejecutivo estatal ha realizado una serie de actos de autoridad, amenazas al Poder Legislativo, y que atienden a la seguridad de sus integrantes, amenazando con utilizar la fuerza pública y elementos de seguridad pública estatal a su cargo, para obstaculizar, impedir y/o evitar que se cumpa la ejecución formal y material de la designación de gobernador interino”, explicó.
CHZ