La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Joel Armando Caballero Hernández, esposo de la diputada local del PRI, Perla Villarreal, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal, equiparada a la misma y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 12 de julio funcionarios de la UIFE se presentaron ante la Fiscalía General de la República y, de acuerdo con información del oficio 72/2022, se formuló la denuncia como tal en la búsqueda de que la FGR lo investigue.
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En la misma denuncia se pide actuar en contra de José Alejandro Caballero Hernández, Wenceslao Cantú Martínez, y contra la empresa Promedia Exteriores, SA de CV, y de quienes resulten responsables por presunta defraudación fiscal y equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica estimó de su competencia dicho tema, al considerar que causan un daño y perjuicio a la hacienda pública federal y al orden socioeconómico mexicano.
Con base en los datos que se expondrán y serán objeto de desarrollo en la presente, a consideración de la UIFE, las personas físicas y morales que se relacionarán han ingresado al Sistema Financiero Nacional, recursos que, con un alto grado de probabilidad, tienen su origen en el despliegue de conductas ilícitas de naturaleza fiscal.
La UIFE tiene la potestad de generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, para la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan en las personas un beneficio económico injustificable.
También que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en algún delito fiscal, con la finalidad de aportar la información a las autoridades competentes, pudiendo iniciar la investigación de oficio a razón de la información que sea proporcionada por autoridades de la administración pública del Estado de Nuevo León.
Cabe señalar que el pasado 28 de junio, la diputada priista, Perla Villarreal, acompañada de los alcaldes del Pacto Nuevo León y los diputados del PRI y PAN solicitó de manera urgente que Norma Lucía Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraiga su caso de persecución política que mantiene el Estado en su contra, debido a que la legisladora afirma que sus familiares, amigos y trabajadores se han visto perjudicados.
“Le pido gobernador que me deje trabajar por Nuevo León, que enfoque usted todos sus esfuerzos y a todo su gabinete en rescatar el mejor estado de México, que cada vez se hunde más en las problemáticas que lo aquejan. Que deje de meterse con mi familia”, concluyó en esa ocasión.
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