Ciudadanos sampetrinos presentaron una denuncia contra el ex alcalde Mauricio Fernández ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia municipal de San Pedro, por el presunto conflicto de interés en la construcción de museos que impulsó, y donde se han detectado irregularidades.
María Nora De Los Ángeles Toscano Cavazos, José Humberto Sánchez Gutiérrez, Francisco Abel Treviño Cisneros y Rodrigo Velarde Ortiz, acudieron a la presidencia municipal a presentar la formal denuncia de hechos irregulares que pudieren constituir una falta administrativa grave de servidores públicos.
En un documento entregado en las oficinas de la Contraloría, los residentes sampetrinos, uno de ellos Sánchez Gutiérrez, ex funcionario de San Pedro en la gestión de Fernando Margáin, afirmaron que existen razones jurídicas que justifican la actualización de la falta administrativa por presunto conflicto de interés en la aprobación de los tres museos.
Relataron que en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2017, el ayuntamiento aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Obras Públicas y de Desarrollo Cultural, relativo a la elaboración del proyecto y construcción del museo La Milarca, cuya edificación se llevaría a cabo en el parque Rufino Tamayo, asignándole un techo financiero de 100 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento del valor de la construcción sería donado por las personas morales solicitantes, es decir Mauricio y Norma Fernández, SAPI de CV, y La Milarca AC.
“Aunque en esta decisión Mauricio Fernández Garza, en su carácter de presidente municipal de San Pedro, se abstuvo de expresar su voto, no se excusó de estar presente durante la deliberación del punto del orden del día y tampoco se excluyó de participar en la conducción de esta parte de la sesión, incluso, al inicio de estos puntos votó a favor de la dispensa de la lectura de los dictámenes correspondientes, lo que acredita que estuvo presente durante la discusión, deliberación y votación”, establecieron.
La denuncia señala que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la Constitución, que incluye un nuevo modelo de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
“En este modelo nacional, en la Ley General se define lo que es un conflicto de interés y se sanciona la actuación bajo conflicto de interés. Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por conflicto de interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
“Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”, indica la denuncia.