La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue denunciada ante la propia dependencia por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial, al organizar la cena de diciembre del año pasado con magistrados electorales, a la que acudió el líder del PRI, Alejandro Moreno.
La denuncia fue presentada ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas el 20 de mayo, cinco días después que MILENIO revelara que el encuentro se realizó bajo el pretexto de limar asperezas, tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- Te recomendamos Norma Piña acusa incumplimiento del Senado en nombramiento de comisionados del INAI Política
Al igual que ocurrió con la investigación que involucra al ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, la denuncia contra Piña se hizo de manera anónima.
En el documento, del que MILENIO tiene copia, se acusa a la actual presidenta de la Suprema Corte de presionar a los magistrados electorales para acudir a la cena y pretender “forzar la empatía del árbitro electoral hacia una de las candidaturas”.
“(Lo que) constituye un acto grave de injerencia en la autoridad máxima de la elección federal, violentando su independencia, autonomía y neutralidad, dirigiendo de manera personal mensajes que desnotan e intimidan a los integrantes de esa autoridad judicial (el TEPJF)”, señala la denuncia.
“Al mismo tiempo, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, irrumpió de forma indebida e ilegal, el curso natural del propio proceso electoral en favor de una de las propuestas partidistas, valiéndose de su alta investidura y de la fuerza y autoridad de la institución que representa para generar condiciones que favorezcan a la candidatura de Xóchitl Gálvez”.
Los denunciantes (en el documento hablan en plural) consideran que Norma Piña violó cinco fracciones del artículo 110 de Ley Orgánica del Poder Judicial, referentes a violentar la independencia judicial, invadir competencias de otros órganos judiciales, participar en algún acto para el cual están impedidos los funcionarios, no preservar la imparcialidad de la función judicial y por actos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El actuar de la ministra presidenta (...) Es un grave atentado al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas y electorales que debe ser investigado y producir las consecuencias y sanciones que correspondan”, agregan los denunciantes.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, encargada de procesar la denuncia, depende de la presidencia de la Corte y entre sus atribuciones principales está: “proponer al Presidente la realización de investigaciones administrativas, previa queja, denuncia o informe que la Contraloría haga de su conocimiento”.
Así como “llevar a cabo las investigaciones que sean autorizadas por el Presidente o instruidas por el Pleno o el Comité de Gobierno y Administración, en los términos establecidos en la normatividad interna aplicable”.
De acuerdo con el procedimiento interno de la Corte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá debe presentar al pleno un proyecto en el que se proponga el trámite que se le debe dar a las denuncias, lo cual no ha ocurrido.
En la denuncia presentada contra Norma Piña se retoman también los mensajes de WhatsApp que la ministra envió a magistrados del Tribunal Electoral, unos días antes de que se consumara la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral, para que desistiera en el intento de “defenestrar” al jurista que era bien visto por las cúpulas del PAN y del PRI.
“Ojo, si tengo que salir a decir lo que pienso lo haré. A estas alturas de mi vida lo único que me interesa es la tranquilidad de mi consciencia. Y voy con todo!!!”, advirtió al magistrado electoral Felipe Fuentes, según los mensajes obtenidos por MILENIO.
RM