El subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno del Estado de México, Luis David Fernández, presentó un paquete de denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia en contra de varios ex servidores públicos que laboraron en las administraciones de Enrique Peña y Alfredo del Mazo, luego que encontraron elementos para determinar delitos relacionados con fraude, robo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública.
Hasta el momento la Secretaría de la Contraloría no ha proporcionado detalles de estas nuevas denuncias, las áreas o programas señalados y los ex funcionarios sobre los cuales caen las responsabilidades. Todo lo que se sabe de las investigaciones que llevan a cabo es por la actividad del subsecretario en redes sociales.
Enfatizó que en esta administración no habrá impunidad y se castigará, en su caso, a los malos funcionarios de las administraciones anteriores que ejercieron indebidamente los recursos públicos, mediante denuncias ante la Fiscalía de Justicia y los órganos de Control Interno.
A través de sus redes sociales, el funcionario estatal informó que estas acciones fueron por defraudar y causar daños patrimoniales mediante engaño, ya sea por acción u omisión, a la hacienda pública estatal y de acuerdo con el eje cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, que plantea el gobierno estatal, la Secretaría de la Contraloría actúa en consecuencia.
Por la misma vía dio a conocer que dentro de las acciones de control y evaluación que se han llevado a cabo desde el primero de septiembre del 2023 al 31 de mayo de este año, están 842 auditorías, 4 mil 200 inspecciones, 6 mil 435 testificaciones, 3 mil 830 reuniones, 229 acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos y 91 seguimientos, lo cual representa 15 mil 628 acciones en solo nueve meses.
Dijo que seguirán emprendiendo acciones en contra de los autores de abusos y robos al pueblo del Estado de México y que aplicarán los dientes que tiene la Contraloría para acabar con la corrupción, a través de revisiones con lupa, en diversos programas y áreas para limpiar la administración.
Antecedentes
Los primeros días de junio, el subsecretario presentó una serie de denuncias abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y fraude, en contra de Alejandro Bulnes Méndez, quien fue coordinador de Servicios Auxiliares, Contingencias y Emergencias de la Secretaría de Finanzas, durante la gestión de Alfredo Del Mazo Maza y Rodrigo Jarque Lira.
La denuncia fue sin detenidos y quedó identificada como TOL/CSD/107/142994/24/05. Ahí se hizo referencia a dos denuncias ante los órganos internos de control en 2021 y 2023 OIC/INVESTIGACIÓN/SF/DENUNCIA/0288/2021 y la OIC/INVESTIGACIÓN/SF/OF/063/2023 por temas relacionados con el pago de los servicios de mantenimiento y pintura de aeronaves, así como por el cobro indebido de refacciones por parte de la empresa Ale Service Center.
Además, detectaron irregularidades en el proceso de adjudicación directa por lo que se suspendió a la empresa y a los servidores públicos involucrados. La estimación del daño a la hacienda pública estatal supera los 26 millones de pesos.
Otro de los casos donde han encontrado probables irregularidades es en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), derivado de auditorías, que ya están en manos de las autoridades de administración y justicia, por abusos en los programas de apoyo a la vivienda.
A partir de mayo, en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), abrieron dos auditorías al ejercicio 2023 de las secretarías de Finanza y Movilidad; además iniciaron una revisión al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y a las participaciones federales, como parte de la revisión de la cuenta pública del año pasado.
El 24 de abril instruyó a titulares de los Órganos Internos de Control, en la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y en el Instituto de la Función Registral, que revisen detenidamente las autorizaciones de fusión de lotes durante la administración pasada, para invalidar actos emanados de hechos de corrupción.
El funcionario estatal hizo referencia que en 2015 se trazó la construcción de siete hospitales, pero solo hubo avance de 20 por ciento y se declaró terminado.