El Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León denunciaron nuevamente el incumplimiento en el pago de nómina por parte del Gobierno estatal, hecho que afecta a seis mil empleados.
Al igual que el pasado 29 de enero, fuentes de ambas instancias confirmaron que la administración de Samuel García no depositó la totalidad de los recursos para cubrir el pago de salarios de los trabajadores.
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En el caso del Poder Judicial, que encabeza Arturo Salinas Garza, el faltante asciende a 40 millones 383 mil 105 pesos con 47 centavos, que afecta a dos mil 500 empleados.
Dicha cantidad es la mitad del recurso necesario para realizar el pago de sueldos, indicaron fuentes del citado poder, y representa la segunda ocasión en meses recientes que se da esta situación.
Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia sostuvo que la afectación será para tres mil 500 empleados, al incumplirse la entrega de 65 millones de pesos.
“No enviaron el dinero completo del Estado, faltan 65 millones. Se va a quedar pendiente el pago de la nómina del lunes hasta que llegue el dinero”.
“Eso sin considerar que no se cubre lo de la inflación de este año que por ley se le tiene que entregar a la Fiscalía”, comentó una fuente.
Al igual que en el caso del Poder Judicial, el organismo a cargo de Pedro Arce Jardon advirtió que no es la primera ocasión que esto ocurre.
“En las otras ocasiones habían depositado una cantidad mayor y la segunda parte la depositaban tarde”, refirió la fuente.
La Fiscalía confirmó que les fueron depositados únicamente 97 millones de pesos, cantidad insuficiente para cubrir la totalidad del compromiso con los trabajadores del ente.
El pasado 29 de enero, a través de un comunicado, poderes y órganos autónomos denunciaron que el Gobierno del Estado no depositó el pago del salario correspondiente a la segunda quincena de enero, afectando a más de siete mil trabajadores y sus familias.
Mediante un comunicado, señalaron que la omisión en el depósito de los recursos para el pago de la nómina de los servidores públicos ocurrió pese al compromiso del gobernador Samuel García de no volver a darse esa situación, como ocurrió el 15 de noviembre de 2023.
En esa ocasión, los firmantes que denunciaron el incumplimiento de pago fueron el Congreso del Estado, Poder Judicial, Fiscalía General de Justicia, Auditoría Superior del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Tras darse a conocer el hecho, la Tesorería estatal difundió fichas de depósito realizadas a los poderes y organismos que avalaban que la totalidad del recurso se había transferido.