Integrantes de la asociación civil Únete Pueblo presentaron una denuncia penal en contra de varios funcionarios de Metrorrey por el presunto delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas.
Rocío Montalvo, promotora de la denuncia, argumentó que Jorge Arrambide Garza, ex director de Metrorrey, Lorenzo Gustavo Aguilar Camelo, director actual, Primitivo Cruz Aguirre, prestador de servicios de Metrorrey y Juan Antonio Posada Gómez, jefe de vías del Metro, incurrieron en actos irregulares sobre la contratación de diversos servicios.
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Mediante ocho puntos, Montalvo explicó que una de las irregularidades que se presentó fue con el reperfilado de las vías, en donde se erogaron 25 millones de pesos, mismos que por cuestión de "ineptitud o dolo" los funcionarios Antonio Reyes Santa Anna, director de Operaciones y Juan Antonio Posada Gómez ejercieron, en lugar de instalar primero los sujetadores.
"Presentamos una denuncia penal por ejercicio indebido de funciones, de acuerdo a las denuncias que ya habíamos presentado en diferentes instituciones; no se ha hecho nada al respecto.
"En días pasados el director de Metrorrey anunció el despido de funcionarios por irregularidades en compras y contratos de Metrorrey, en lo que son mantenimiento a las vías, sin embargo nosotros no solamente buscamos despidos, sino que se sancione y se repare el daño", dijo.
Respecto a Jorge Arrambide, señaló que éste anunció la adquisición de unas escaleras eléctricas, sin embargo estas fueron transferidas de la Línea 3 a las líneas 1 y 2.
"Para esto se hizo una simulación, no se hizo una licitación y no existe factura, la autoridad nos requirió un pago de 229 mil pesos para podernos informar al respecto", apuntó.
Comentó que debido a las malas condiciones que presenta el metro se encuentran preocupados como usuarios al no existir peritaje alguno para garantizar la seguridad de los mismos.
Concluyó que como el Metro también recibe recursos federales, están estudiando la posibilidad de acudir a juzgados federales para que se investiguen las presuntas anomalías registradas en la actual administración de Jaime Rodríguez Calderón.
Precisó que por el delito de ejercicio indebido y abandono de funciones se dicta una condena de dos a 12 años de prisión.
La denuncia fue presentada en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Procuraduría General de Justicia, ubicado en la avenida San Jerónimo, en el municipio de Monterrey.
fsad