Hasta 33 mil personas en Nuevo León habrían sido despojadas ilegalmente de sus viviendas a través de un fraude inmobiliario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), denunció el empresario chihuahuense, Mario Alberto Sánchez Zúñiga.
En rueda de prensa, realizada en un restaurante de San Pedro, Sánchez Zúñiga manifestó su intención de exponer el fraude que asegura fue comandado por el Infonavit, el cual, señala, ha afectado hasta 300 mil personas en todo el país, y que descubrió por primera vez en 2015.
De acuerdo al empresario, en 2015 compró una vivienda a una persona que tenía un adeudo con Infonavit, completando un proceso de escrituración. Sin embargo, un mes después, el 15 de diciembre de 2015, la casa había sido adjudicada al Infonavit a través de un supuesto juicio en su contra. Al indagar, Sánchez asegura haber descubierto el esquema de fraude del Infonavit.
A raíz de ese descubrimiento, señaló que ha descubierto casos del mismo esquema en todo el país, y los ha denunciado en Nayarit, Chihuahua, Coahuila, donde jueces ya han aceptado amparos y ya hay funcionarios involucrados, y ahora busca hacerlo en Nuevo León.
El abogado Jesús Alberto Velázquez Alarcón, quien también denuncia el fraude y ahora acompaña al empresario Sánchez Zúñiga, explicó que Infonavit recurre a subastas de grandes cantidades de viviendas, cuyos trabajadores han incurrido en morosidad, las cuales son adquiridas a bajo costo por el sector privado, para luego ser vendidas nuevamente a otros trabajadores.
"Ridículamente el Infonavit obtiene por cada casa, 25 mil o 30 mil pesos, por casas que tienen valores de 200 mil de 300 miles.
"Prácticamente entregarlos a los grupos inmobiliarios a cambio de casi nada, para que los grupos inmobiliarios pudieran tener el margen de utilidad necesario, a la hora de recolocar esas mismos inmuebles, esas mismas casas, con otros trabajadores y con nuevos créditos de Infonavit", explicó.
De acuerdo al abogado, este esquema deja un margen de "utilidad" suficiente para que se pueda pagar a jueces, notarios y demás personas que puedan verse involucradas en la cadena de fraude con la que se despoja a estos trabajadores, sin notificarlos legalmente.
Según el empresario y el abogado que denuncian el fraude en Nuevo León, este esquema surgió desde la administración de Peña Nieto, durante el tiempo que Alejandro Murat Hinojosa y David Penchyna estuvieron al frente, pero mencionó que hay funcionarios en Nuevo León que se verían implicados en el esquema de fraude.
"En Nuevo León la situación es mayor, no es la excepción, lo único que les puedo decir es que son más de 33 mil afectados que tenemos detectados, tenemos despachos detectados, tenemos jueces.
"La Fiscalía Anticorrupción estamos esperando, también le solicitamos vista a la Fiscalía de Nayarit, para que avisen lo que está sucediendo aquí en Nuevo León... esperamos que nos inviten a participar como testigos para poderles aportar todas las evidencias que nosotros tenemos", señaló el empresario Sánchez Zúñiga.