La senadora panista Adriana Dávila denunció que en el caso Oceanografía, el gobierno pudo haber incurrido no solo en violaciones a derechos humanos de más de 300 trabajadores, sino en el delito de trata con fines de trabajo forzado, ya que en el tiempo que el Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) operó a la empresa, se les negaron pagos, que pudieran dejar las embarcaciones incautadas bajo la amenaza de abandono de trabajo y hasta que recibieran alimentos.
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La presidenta de la Comisión de Trata de Personas mostró videos tomados con su celular a 21 embarcaciones entre noviembre y febrero, donde se observa vacío el comedor, cucarachas, instalaciones enmohecidas y otras irregularidades.
De acuerdo a la legisladora, durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex se cometieron todo tipo de irregularidades con los trabajadores que eran forzados a permanecer en los barcos, bajo la amenaza de que si los abandonaban los despedirían.
En conferencia de prensa, Dávila mostró los oficios girados desde el pasado 27 de noviembre al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en donde acusa que desde 2014 que Oceanografía fue asegurada por la PGR para investigar la denuncia de fraude contra el dueño, Amado Yáñez, el SAE se hizo cargo de la administración de dicha empresa.
“Laboraban 10 mil trabajadores que fueron contratados vía outsourcing, por lo que se inició la liquidación de algunos de ellos; no obstante, información obtenida en trabajo de campo en nuestra visita el pasado 20 de noviembre a las 21 embarcaciones aseguradas, 300 trabajadores fueron contratados por el SAE a fin de dar mantenimiento a las mismas”, refirió Dávila al titular de Hacienda.
Expuso que en la visita del pasado 20 de noviembre, junto con el diputado Juan Corral, se observaron evidentes violaciones a derechos humanos.
“Desde hace 6 meses los trabajadores no han recibido pago alguno por la prestación de sus servicios; las condiciones en las que viven son inhumanas. Además de no tener la certeza de quien es su empleador, debido a la falta de información, no cuentan con alimentos, agua limpia o condiciones para llevar a cabo su trabajo”.
Adriana Dávila sostuvo que bajo engaños y amenaza de que no les pagarían sus salarios vencidos, ni se les consideraría el tiempo trabajado, muchos temían salir de los buques por temor a perder sus derechos.
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Sin combustible, carecían de aire acondicionado y vivían en temperaturas de más de 38 grados, los turnos de 28x28 días no tenían los relevos necesarios, entre otros.
Por ello, pidió que la PGR abra una carpeta e investigue si se cometió el delito de tortura en el caso Oceanografía, hacia cuando menos 300 trabajadores.
“Hubo un manejo terrible por parte de Emilio Lozoya, de Pemex, y quiero decirlo tal cual: percibimos que hubo la intención también, derivado de esto que hemos visitado y que hemos acudido a Ciudad del Carmen, de que se quedaran con la empresa Oceanografía a fin de que fueran otros y pasaran a manos de otras personas en un proceso de evidente corrupción por parte de Emilio Lozoya, que lo hemos estado planteando, y del Gobierno federal”, concluyó.
AJE