A una semana de que el ex mandatario Jaime Heliodoro “N” fuera detenido e imputado por delitos electorales y uso de recursos de procedencia ilícita, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya preparan carpetas contra otros ex funcionarios por desvío y corrupción en rubros de Salud, Educación, Seguridad Pública, Protección Civil, entre otros.
“Los servidores públicos que cometen actos de corrupción, los servidores públicos que cometen abuso de autoridad y los servidores públicos que desvían programas sociales, como los de Educación, Salud y DIF, es prisión preventiva oficiosa”.
Agregó que ya hay funcionarios y proveedores que quieren fungir como testigos protegidos para dar a conocer información al respecto de cómo se realizaban los desvíos de recursos.
García aseguró que no solo se trata de identificar al que robó y castigarlo, sino que también tiene que regresar lo robado.
“Son miles de millones de pesos que el gobierno del ex gobernador (sic) se llevaron en Salud, en Educación, en el DIF, Protección Civil, Seguridad Pública, en el Icifed, en el FASP (Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública), y no acabo.
“Es interminable la corrupción que había en el gobierno anterior y obviamente el principal responsable hoy está tras las rejas, pero me faltan muchos ex secretarios, empezando por el de Gobierno, que por cierto, él fue gobernador sustituto en las broncofirmas. Me falta el de Movilidad, el de Salud y la de Educación y ahí vamos”.
El gobernador también declaró que no solo eran funcionarios los que estaban implicados en las irregularidades, sino que también había proveedores.
“A lo que quiero llegar es a que vienen muchas más carpetas, vienen carpetas contra (ex) secretarios, vienen carpetas contra proveedores, que saquearon al estado de Nuevo León, y que luego usando facturas falsas 69B y empresas fachada lavaron y limpiaron dinero que luego iba a manos de operadores, y que esos operadores lo llevaban a manos de secretarios”.
Sobre el caso de Jaime Heliodoro “N”, dijo que el proceso para tener una audiencia ante un juez federal tardará alrededor de un mes y medio, por lo que será irracional si se resuelve antes.