La Auditoría Superior del Estado (ASE) acumula 70 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y más de 100 procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, derivados de incumplimientos en la comprobación de manejos financieros, por parte de municipios y dependencias diversas.
De acuerdo con un informe entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso Local sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la ASE al cierre del tercer trimestre de 2025, se han seguido instaurando procedimientos porque continúan las omisiones e irregularidades.
De un acumulado de 70 denuncias, cinco han sido judicializadas, 61 se encuentran en investigación inicial y cuatro han sido concluidas.
Denuncias por mal manejo de cuentas públicas en Tamaulipas
En el primer caso se encuentran la Comapa de Reynosa (2019 y 2020), Ayuntamientos de Río Bravo (2017), Madero (expediente 2020) y Antiguo Morelos (2018).
Las concluidas corresponden a Comapa Valle Hermoso (2017) y Díaz Ordaz (2017), Ayuntamientos de Hidalgo y Antiguo Morelos (expedientes 2024).
Entre las investigaciones iniciales, aparecen del 2016 al 2024, entes públicos como los ayuntamientos de Madero, Río Bravo, Reynosa, Miguel Alemán, Mainero, Soto La Marina, Antiguo Morelos, San Nicolás, San Carlos, Villagrán, Méndez, Valle Hermoso, Bustamante, Güémez, Jaumave, Palmillas, Camargo, Díaz Ordaz, Abasolo, Hidalgo, Casas, Guerrero, Burgos y Jiménez. Además, el Trieltam, Comapas de la Zona Conurbada, de Reynosa, Palmillas, Abasolo, Tula, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, Guerrero, Camargo, Gómez Farías, Cruillas, Jaumave, Antiguo Morelos, Jiménez y de Villagrán, la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, Universidad Tecnológica de Altamira, Colegio San Juan Siglo 21, Universidad Politécnica de la Región Ribereña, el ITACE, la Secretaría de Finanzas en el ejercicio 2016 (gobiernos de Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca) y hasta el propio Tribunal de Justicia Administrativa; cabe destacar que un ente público puede tener más de una carpeta de investigación abierta.
“Se da cuenta de las denuncias penales que se han promovido, ya que si la Auditoría Superior detecta irregularidades que presuman la existencia de posibles hechos delictivos, podrá promover en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada”, explica el informe firmado por el auditor Francisco Noriega Orozco.
Destacó que además de presentar dichas denuncias, la Auditoría puede coadyuvar con la Fiscalía en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial, a efecto de contar con los elementos probatorios pertinentes, asegurar sanciones efectivas y garantizar la reparación integral de daños y perjuicios a la Hacienda Pública.
“En el ámbito penal, la Auditoría Superior no tiene la facultad de sancionar penalmente a servidores públicos; sin embargo, actúa como coadyuvante, permitiendo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ejerza sus atribuciones y haga valer el monopolio de la acción penal contra los probables responsables de hechos ilícitos en el ejercicio de la función pública, por lo que los procesos deben seguir los plazos y etapas legales conforme a la normatividad aplicable”.
Expedientes en el Tribunal
Por otra parte, se detalla que hay 18 procedimientos substanciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa por no cumplir el monto del pliego de responsabilidades; 10 expedientes del 2025 por la falta de presentación de informes mensuales, trimestrales, documentación diversa y de las propias cuentas públicas dentro del término legal.
Del 2024 sumaron 76 por los mismos motivos, y del 2023 se tienen dos por similares faltas, además de procedimientos resarcitorios, e incumplimiento de presentación extemporánea de cortes de caja; son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su análisis y resolución.
yc