El abogado constitucionalista Francisco Burgoa señaló que para evitar incertidumbre jurídica y polarización en Tamaulipas, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo antes posible la demanda de controversia constitucional en torno al desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El también catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, dijo que el mandatario no ha perdido su inmunidad procesal y puede seguir gobernando la entidad.
El profesor de derecho constitucional apuntó que los actores políticos de Morena deben ser responsables y no emitir declaraciones incendiarias.
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¿Cuánto puede tardar el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el desafuero?
No hay un plazo porque así como los ministros le pueden dar celeridad para resolver allá por el mes de septiembre u octubre por muy pronto, se puede ir hasta el primer semestre del próximo año ya que el gobernador vaya casi de salida, pero se debería resolver pronto.
Sería importantísimo que se pudiera abreviar y existe un mecanismo en el artículo 94 de la Constitución que dice que los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad se van a sustanciar y resolver de manera prioritaria cuando el presidente de alguna de las cámaras o el presidente de la República por conducto del consejero jurídico, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público. Sería lo más sano para evitar incertidumbre jurídica y polarización.
¿Qué opina de las declaraciones de Ricardo Monreal, Mario Delgado y Pablo Gómez?
Que sean responsables con sus declaraciones, aunque sabemos que es difícil que puedan separar su ideología política, cuando menos que no hagan señalamientos que están abonando a una crisis política. Parece que lo único que quieren es estar incendiando las instituciones para poder hacer leña del árbol caído y capitalizarlo para la jornada electoral del 6 de junio.
Quien se diga demócrata, quien se diga un servidor público que rindió la protesta constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, no deberían estar haciendo juicios que lejos de abonar a la estabilidad del país, no solo de un estado, están haciendo todo lo contrario.
¿Qué analizará la Suprema Corte?
Lo que he tenido conocimiento es que el Congreso de Tamaulipas no está atacando el juicio de declaración de procedencia que ya es un acto consumado por la Cámara de Diputados, lo que está haciendo es defender el párrafo quinto del Artículo 111 de la Constitución que dice que el Congreso del Estado es el que va a decidir lo que corresponda, es decir, lo que dice su Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos local en el sentido de homologar o no esta declaración de procedencia.
¿Está en lo correcto el Congreso de Tamaulipas?
Está en lo correcto si defiende su facultad para desechar la comunicación del desafuero por parte de la Cámara de Diputados, pero si estuviera pidiendo anular ese desafuero aprobado en San Lázaro entonces eso está perdido.
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¿La FGR puede pedir una orden de aprehensión contra el gobernador?
El gobernador sigue teniendo fuero. La FGR es un órgano constitucional autónomo que no se encuentra supeditado a ninguno de los tres Poderes de la Unión; tiene en sus manos tomar una decisión en el sentido de entender que efectivamente el Congreso de Tamaulipas declaró la no procedencia del desafuero y por lo tanto se encuentra impedida de poder detenerlo.
Además, si el Ministro ponente admite para su análisis la demanda de controversia constitucional, estaría suspendiendo que la FGR pueda pedir una orden de aprehensión, esta suspensión sería importantísima para preservar al gobernador en su cargo hasta que se resuelva la controversia constitucional.
¿Y si lo hace?
La FGR incurriría en una responsabilidad y para esto existirían dos mecanismos de defensa que tendría el gobernador, primero, presentar un amparo contra esa orden de aprehensión, porque la FGR se estaría extralimitando de sus funciones. Por otro lado, el Congreso puede presentar una controversia constitucional contra ese acto al no respetar su decisión y el secretario de Gobierno sería quien asuma la titularidad del Poder Ejecutivo Local en tanto el Congreso se reúne para nombrar un sustituto, pero es un escenario que lejos de beneficiar la estabilidad política, no solamente de Tamaulipas sino del país, se estaría crispando, habría una crisis política y se polarizaría más.
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¿Hay elementos para una desaparición de poderes?
No, quienes lo afirman lo que hacen es polarizar más a la ciudadanía, solamente le agregan un ingrediente catastrófico y refleja presión a la FGR para llevar a cabo la detención del gobernador.
¿Por qué no procedería?
Es facultad exclusiva del Senado, no se trata de sacar una varita mágica y declararlo; para que proceda debe haber desaparición de hecho, de los tres poderes de Tamaulipas, es decir, que el gobernador ya no gobierna, quién sabe dónde está, todos los diputados locales se fueron, quién sabe dónde estén y todos los Magistrados y jueces del Poder Judicial tienen sus oficinas cerradas, los tres Poderes han dejado de funcionar por la razón que sea, incluso una catástrofe natural, por lo tanto es jurídicamente imposible declararlo.
Además se debe contar con mayoría calificada, las dos terceras partes del Senado para esta declaratoria y no se tiene.
¿Algo más que agregar?
En mi opinión no debe ni haber controversia constitucional porque el Congreso del Estado ya hizo lo que está en sus facultades y debe ser un expediente que se archive como un asunto totalmente concluido, pero no se puede separar el escenario constitucional y jurídico con la parte política.
EAS