En México, el caso más famoso sobre desafuero político fue para el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador el 7 de julio de 2005, luego de que el gobierno de Vicente Fox solicitó el procedimiento al Congreso contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A López Obrador se le acusó de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por otros gobiernos.
También han ocurrido procesos de desafuero por fraude, conspiración contra el gobierno, tráfico o falsificación de documentos. Pero, ¿qué es el desafuero político? Aquí te explicamos.
De acuerdo con el artículo 110 de la Constitución, se podrá someter a juicio político a senadores y diputados, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), entre otros, por violaciones graves a la Carta Magna.
¿Qué es el juicio político?
Se trata de un procedimiento de orden constitucional que realiza el Congreso, la Cámara de Diputados como órgano de acusación y el Senado como órgano de sentencia, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Entre las sanciones está la destitución del funcionario y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público, mismas que se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
Si la resolución que se dicte es condenatoria, se sancionará al servidor público con la destitución, pero podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta 20 años.
"Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables", dicta la Constitución.
Cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados y el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
El caso más reciente es contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se le inició un proceso de desafuero en el Palacio de San Lázaro acusado de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
icc