La desaparición forzada en México se encuentra lejos de ir a la baja. A la fecha, se ha alcanzado la cifra de 105 mil 112 personas cuyo paradero sigue aún sin conocerse.
Jalisco (15 mil 36), Tamaulipas (12 mil 152) y el Estado de México (11 mil 332) se erigen como las entidades que concentran mayor número de personas sin localizar en el país desde 1964, según el conteo que lleva el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
De acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la desaparición forzada es la privación de la libertad, ya sea por obra de agentes del Estado o grupos que actúan con su autorización, a la cual le sigue la negativa de reconocer dicho arresto y la incertidumbre sobre la ubicación y el estado de la víctima, despojándola de sus derechos ante la ley.
Por otro lado, la persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información que se proporcione a la autoridad, su desaparición no está relacionada con ningún delito. Bajo este escenario, el Ministerio Público reporta su desaparición e inicia los mecanismos de búsqueda.
Con frecuencia la desaparición se emplea para infundir temor en la población, pues además de ser una flagrante violación a los derechos humanos de la víctima, son los familiares y amigos de la misma quienes viven el verdadero terror por no conocer el paradero de su ser querido, ni si este se halla vivo, refirió la organización.
Detrás de cada cifra hay una historia
Aunque las cifras son alarmantes, no hay que olvidar que detrás de cada número hay una historia de vida, indicó Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas en México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
"Cada año en América Latina miles de familias se suman al dolor de tener un integrante desaparecido. A la par, crece la deuda social de regresar la identidad a estas personas no identificadas", afirmó.
Una de las historias es la de Claudia González, una mujer de origen hondureño que, desde hace tres años, se encuentra en la búsqueda de su esposo desaparecido en las rutas migratorias. “No pierdan la fe”, señaló Claudia a los familiares que tienen también una persona desaparecida.
Otro caso que resalta es el de Virginia Garay, una madre cuya búsqueda de su hijo Bryan se ha dilatado por más de cuatro años, en medio de trabas burocráticas y la incapacidad de funcionarios y agentes de la ley para llevar a cabo un proceso de búsqueda eficaz.
“Salir. Levantarte todas las mañanas. Pensar: ¿ahora a dónde vamos a ir?, ¿hoy vamos a ir a búsqueda de campo o a preguntar en los penales o en los centros de rehabilitación? Es no parar”, dijo.
Situación actual
Según el informe que entregó el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) tras su visita a México en noviembre del año pasado, ha habido un crecimiento del 98 por ciento en el delito de desaparición forzada en el periodo que comprende 2006 a 2021.
El comité argumentó que estos datos ponen en clara evidencia la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón (2006 - 2012).
“Si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas, cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas”, precisó el informe.
Asimismo, el comité refirió que llegaron a sus manos testimonios del personal de las comisiones de búsqueda quienes alegaron haber tenido que aportar dinero de su propio bolsillo para proseguir con las indagatorias de búsqueda y, en otras ocasiones, verse en la necesidad de solicitar a los familiares de las víctimas dinero o haber interrumpido autopsias debido a su alto costo.
A este recuento se suman las 4 mil 839 fosas clandestinas encontradas a lo largo del territorio nacional, las cuales se concentran en los estados de Veracruz (620), Tamaulipas (528), Guerrero (459) y Chihuahua (346).
“Para que México deje de ser el paradigma del crimen perfecto es urgente dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en este informe. La prevención debe ser el centro de la política nacional. Se trata de impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas, tanto de las del presente como de las del pasado”, concluyó el informe.
ROA