Tras ocho años de solicitar su visita al Estado mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó su visita en el país, donde destacó que las desapariciones no son una herencia del pasado, sino que persisten y la impunidad es casi absoluta.
“Las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste, no se han atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado. La impunidad es casi absoluta”, destacó la presidenta de la delegación, Carmen Rosa Villa Quintana.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien sostuvo una reunión con el CED, resaltó que México reconoce la prevalencia de desafíos en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares.
Destacó que la experiencia y buenas prácticas del Comité pueden contribuir a robustecer las capacidades institucionales para la prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas.
También aseguró que la cancillería ha reiterado su apertura al diálogo constructivo y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.
En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de CdMx, Villa Quintana llamó a romper con el paradigma del “crimen perfecto” que representa este fenómeno, pues señaló que la búsqueda, investigación, establecimiento de responsabilidades, develamiento de la verdad y reparación integral no siempre son prioridad para las autoridades.
Para superar la impunidad, dijo que el Estado mexicano debe tener una estrategia integral para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en la búsqueda; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas y un sistema que aún conserva las inercias del pasado.
Además, indicó que varios factores dificultan el acceso a la justicia, como la limitada asistencia jurídica para las víctimas, los obstáculos geográficos, idiomáticos y de carácter discriminatorio, la frecuente inaplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento interno, tales como el amparo buscador, que por su propósito y naturaleza deben ser sencillos y accesibles.
“El reto es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido”, explicó.
Las principales preocupaciones del CED son que las desapariciones siguen siendo generalizadas, ya que no se han atendido sus causas profundas debido a que prevalece la falta de coordinación de las fiscalías, aunado a esto, el modelo de seguridad es centralista y militarizado.
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Recorrido por el país
Del 15 al 26 de noviembre la delegación conformada por Villa Quintana, Juan-Pablo Albán, Juan José López y Horacio Ravenna recorrió penales, hospitales y puntos de búsqueda en 13 de los estados con el mayor número de personas desaparecidas en el país para entender mejor este fenómeno.
Villa Quintana indicó que al día de hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95 mil 121 registros, de los cuales más de un centenar pudieron ser cometidos durante la estancia del Comité en México.
Aunado a esto, resaltó que el país enfrenta una crisis forense con alrededor de 52 mil cuerpos sin ser identificados, la gran mayoría de ellos se encuentran en fosas comunes, en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías.
Por su parte, los colectivos de búsqueda denunciaron que la impunidad en los casos de desaparición forzada es mayor a 98 por ciento; solo existen 35 sentencias condenatorias por este delito.
En entrevista con MILENIO, Martín Villalobos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, mencionó que, aunque el actual gobierno ha mostrado voluntad al reconocer la crisis de desapariciones, ha sido omiso en los hechos.
“No vemos una política clara del gobierno actual, puede haber voluntades, pero eso no se traduce en acciones y, desde luego, no se traduce en un presupuesto claro y contundente que pueda ayudar a construir un México mejor, que verdaderamente nos lleve a ir disminuyendo las desapariciones”, señaló Villalobos.
El informe con recomendaciones puntuales del CED se publicará entre marzo y abril de 2022.
La visita comenzó el pasado 15 de noviembre y concluyó este viernes; los primeros tres días sostuvo reuniones con autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda.
El Comité visitó 13 entidades: Chihuahua, CdMx, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, donde se reunió con autoridades estatales, así como con colectivos de víctimas, y llevaron a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.