El ex candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, no descartó sus aspiraciones por la candidatura a la gubernatura para el 2024; el ahora Procurador Federal del Consumidor, dijo que su vocación es la política por lo que continuará participando dentro de ella.
“No he dejado de decir lo mismo, mi vocación es la política, soy un político, aparte soy doctor en derecho y otras cosas, soy papá, soy esposo, pero soy un político, no me avergüenza ser un político, me enorgullece ser un político y hasta el día que me entierren estaré participando en la política y en la política partidista, no sólo en la política en general”, expresó Ricardo Sheffield.
Ricardo Shieffield Padilla, quien también ya fue candidato a la gubernatura de Guanajuato por el Movimiento de Regeneración Nacional en el 2018, reconoció que al interior de su partido hubo quienes se alegraron tras su derrota en los comicios del pasado mes de junio en donde buscaba la presidencia municipal de León por este partido.
Agregó que, pese a que la hoy alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez lo busco para reunirse con él y entablar un dialogo de trabajo, este no accedió debido a que aún mantiene un litigio en su contra por la presunta compra de votos en las pasadas elecciones.
“Y como una falta tan grave, en consecuencia, sin el valor moral y el respaldo de una situación de esa índole, yo no me voy a sentar con ella, ni hoy, ni mañana, y te puedo asegurar que va a continuar litigándose muchos meses más, porque reitero, tengo la disposición, la convicción y los medios, además de las pruebas para llevar este caso a la corte interamericana, porque fue una burdesa extrema”, refirió el ex candidato a la Presidencia Municipal de León.
El ahora titular de la Profeco, dijo que las impugnaciones que interpuso en contra del PAN tras una supuesta compra de votos con los “Vales Grandeza”, continúa en proceso, ya que todavía las instancias de justicia electoral no resuelven el tema.
Advirtió que, de no sancionarse las irregularidades electorales, llevará el caso a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).