Más de 120 organizaciones de la sociedad civil y 107 personas expresaron “profunda preocupación” por las intenciones del Ejecutivo Federal de desmantelar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
A través de un comunicado, los firmantes defendieron el organismo y consideraron que, de cumplirse esta decisión, “se concretaría uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México”.
El anteproyecto de iniciativa que busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se envió a la Comisión de Mejora Regulatoria del Ejecutivo para su estudio, con el previsible efecto de desarticular la capacidad del SIPINNA y trasladar sus funciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
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Los manifestantes calificaron lo anterior como un incumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, que establece la obligación de todas las autoridades del Estado a participar en la garantía del interés superior de la niñez, al tiempo que señalaron que el Sipinna se creó en la perspectiva de que una sola institución no basta para hacerse cargo de un tercio de la población.
“Incorporarles de pleno derecho es el gran logro de la legislación actual; llevar el tema a una institución asistencial que no tiene facultades para coordinar al Estado mexicano es eliminarlos de nueva cuenta del mapa de la acción de Estado”, acusaron.
Criticaron que el planteamiento de la reciente iniciativa propone que la Secretaría Ejecutiva sea absorbida “por una institución de naturaleza y carácter asistencial”, el SNDIF, que depende de la Secretaría de Salud y que “carece de las capacidades operativas, técnicas y de enfoque de derechos para asegurar cumplir con las funciones del actual Sipinna”.
Esta instancia, encargada de custodiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, así como de coordinar las acciones de política pública nacional encaminadas a la garantía, protección, promoción y respeto de los mismos, está conformada por ocho dependencias federales a través de la participación de sus titulares, entre las que se destaca el propio Presidente de la República, quien, por ley, también preside el mecanismo.
Además de los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y representantes del Poder Judicial.
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Al respecto, los inconformes con la decisión del primer mandatario recordaron que, durante su campaña electoral, suscribió directamente el compromiso de fortalecer a este sistema de protección integral.
Argumentaron que desde su creación, al Sipinna se le ha reconocido como un mecanismo eficaz por parte de instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por muchos gobiernos de la región.
Las diversas organizaciones llamaron a la Secretaría Ejecutiva a continuar con su rol de articulación de políticas de Estado, pues “la labor del Sipinna va más allá de la asistencia social y de la restitución de derechos”, remarcaron, “implica la coordinación de políticas educativas, laborales, de salud, cultura y recreación, entre otras, de carácter universal”.
EHR