El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) busca actualizar su marco jurídico para crear una Sala de Asuntos Indígenas, una visitaduría general, juzgados mixtos, fortalecer el servicio civil de carrera, fortalecer la justicia electrónica y generar jurisprudencia para homologar criterios y lograr que la justicia se aplique siempre bajo los mismos términos.
Durante su asistencia al Congreso del Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, pidió a los y las diputadas el voto favorable a la iniciativa de ley que presentó para actualizar la Ley Orgánica del Poder Judicial, luego de 30 años del último cambio.
Con esta iniciativa, la comisión de Procuración y Administración de Justicia analiza una propuesta del Partido del Trabajo, donde la diputada Trinidad Franco Arpero pide paridad en selección de magistrados, con reglas específicas para que las mujeres tengan mayor presencia en los juzgados y magistraturas. Actualmente hay 172 juezas contra 235 hombres y 18 magistradas frente a 36 varones.
Un poder del siglo 21
El presidente el PJEM, Ricardo Sodi Cuellar, dio a conocer que el objetivo de esta iniciativa es organizar al Poder Judicial para que funcione bien, luego de 30 años sin cambios, con una ley que se corresponda con la realidad actual.
Por ello proponen: integrar una Sala de Asuntos Indígenas, se fortalece el Servicio de Carrera, se crean juzgados de competencia mixta para atender un mismo asunto, aunque sea penal y civil al mismo tiempo, se fortalece la justicia electrónica, se da paso a una Visitaduría, General con dientes y garras para evitar casos de corrupción, jurisprudencia por precedentes y espacios de participación ciudadana.
La Sala, dijo, no es una estructura adicional, funcionará cuando sea necesario para atender a las personas justiciables de las cinco etnias, con una perspectiva multicultural y étnica, con protocolos de actuación, determinar cuando los usos y costumbres son viable sin afectar el interés superior del menor ni la equidad de género.
Con esta área se crearán políticas judiciales, se resolverán las causas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas; se conocerán las inconformidades relacionadas con el ejercicio del derecho a la consulta y consentimientos libre, previo e informado de los pueblos y comunidades.
El magistrado Ricardo Sodi consideró que el establecer jurisprudencia, tiene como objeto evitar diversidad de criterios y uniformarse para que a iguales hechos sea la misma sentencia y consideraciones.
Acotó que la idea de fortalecer el servicio de carrera es evitar los “compadrazgos”, fortalecer el crecimiento institucional y fomentar cuatro líneas de desarrollo, jurisdiccional, peritos, archivistas, administrativa y prefectos.
Posturas políticas
La fracción parlamentaria del PRI dio su visto bueno a la iniciativa de ley. En tanto, el presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, reconoció que la propuesta contiene figuras innovadoras, donde destacó la atribución de la Sala Constitucional para emitir opiniones respecto de la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo y del Legislativo, así como de los ayuntamientos y organismos autónomos.
Otro tema positivo, es la creación de una Sala de Asuntos Indígenas y la posibilidad, por motivos de necesidad, de establecer juzgados itinerantes, pero sí pidió hacer un estudio sobre el ingreso, permanencia y profesionalización de las personas que integran sus órganos; así como seguir fortaleciendo la carrera judicial.
“La experiencia ha demostrado que una ley no es suficiente para cambiar la realidad social. Si bien no hay leyes perfectas, su aplicación, ejecución e interpretación, dependerá siempre de los operadores del derecho” aseveró.
JASJ