La Presidenta Municipal de Salamanca, Beatriz Hernández, dijo que la destitución del ex contralor Municipal no fue una decisión unipersonal sino del Ayuntamiento, misma que dijo se realizó con total legalidad y transparencia mediante un acuerdo tomado en la Séptima Sesión Privada, ante las reiteradas faltas cometidas.
De acuerdo con la autoridad municipal, la determinación del Ayuntamiento se fundamentó en el Artículo 77 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en los artículos 126 y 136 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que refieren que los titulares de las dependencias, incluido el Contralor, podrán ser destituidos de su cargo cuando incurran en causales que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
“Hay once razones por las que el señor tuvo que ser destituido de la administración, él no es ofendido en lo que hoy declara en materia de abuso de autoridad, él no es ofendido, los ofendidos somos la administración, somos los ciudadanos porque una persona que estuvo cobrando sin trabajar, eso es un acto pues lamentable, esperaremos que el proceso camine conforme a la ley”, declaró la alcaldesa de Salamanca.
La edil manifestó que el ex Contralor, Miguel Enrique Cordero Saucedo entregó informes inconsistentes, omitió solicitar la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa, además, argumentó que no dio seguimiento a irregularidades detectadas en la entrega-recepción.
Asimismo mencionó que abusó de sus funciones ya que retuvo equipo perteneciente al Gobierno Municipal, incumplió sus obligaciones, además de falsear y ocultar información de contender por la titularidad de la Contraloría.
“Las denuncias son por abuso de autoridad justamente de haber cerrado sus oficinas 15 días y haber dejado a personal fuera durante 15 días debajo de un árbol, no regresó dos laptops nuevas que tenía bajo su custodia y un escáner nuevo, presuntamente pues al no regresar algo que no es de tu propiedad pues hay algo que es la presunción de un delito, también no regresó el teléfono celular que tenía asignado; yo sí veo con muchas preocupación porque esas denuncias fueron presentadas desde febrero del año pasado y no hemos visto respuesta por parte de la Fiscalía porque es un daño patrimonial que afecta directamente a la administración, razón por la cual yo no entiendo porqué no ha habido respuesta”, refirió la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández.
La autoridad municipal interpuso tres denuncias ante las agencias 6 y 7 del Ministerio Público en Salamanca, bajo las carpetas de Investigación 15281/2020, 20493/2020 y 41323/2020, sin embargo a pesar de que los delitos presuntamente cometidos por el imputado son abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, robo calificado y/o abuso de confianza, en un año y cinco meses no se ha tenido avance ni respuesta significativa a los trámites legales.