El titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Jorge Valverde Islas, reveló que hay tres nuevas líneas de investigación relacionadas con la llamada “Estafa Siniestra” las cuales ascienden a más 300 millones de pesos de la Cuenta Pública 2022.
“De la administración estatal tenemos pendientes al menos tres líneas de investigación que se están realizando ahorita en este momento y que ya van a salir”, sostuvo, aunque no precisó en contra de quiénes se realizan las investigaciones.
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Mencionó que la Auditoría envió los expedientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y apuntó que la Fiscalía determinará qué funcionarios están relacionados con el desvío de recursos para después ejercer la acción penal correspondiente.
“Nosotros nada más mandamos los expedientes con las pruebas y de todos los funcionarios o servidores públicos que intervinieron en ese ilícito, ya la Procuraduría determina si se van con secretarios, subsecretarios o si se van contra todos”, puntualizó.
Enfatizó que es la misma Procuraduría quien determina la judicialización de los casos, “ellos determinan si sí procede o no”. Respecto a qué conceptos obedecen las líneas de investigación, enfatizó que son varios, desde contratos administrativos y otros de obra pública.
“Es lo de la Estafa Siniestra, nada más que no se había detectado anteriormente y ya nosotros en la Auditoría ya lo detectamos”, precisó. Estas líneas de investigación aparecieron en el marco del segundo año del gobierno del estado.
Maxiproceso de la "Estafa Siniestra"
En el inicio del primer año de gobierno, ya en el último bimestre de 2022 y durante 2023 se consiguió la
aprehensión y vinculación a proceso de personas servidoras públicasque se desempeñaron en diversas secretarías de estado, subsecretarías, direcciones generales, de área, así como en presidencias municipales como parte del maxiproceso de la “Estafa Siniestra”, la investigación del presunto desvío de recursos públicos.
De acuerdo con la administración estatal Hidalgo es la primera entidad federativa en realizar investigaciones exitosas en materia penal por actos de corrupción contra de presidentes municipales y ex servidores públicos estatales que en el ejercicio de sus funciones afectaron el patrimonio público del estado.