Detención fue por ordenar a burócratas recabar firmas

A Jaime Rodríguez Calderón se le señala el hecho de que 572 servidores públicos participaron en reunir firmas para la candidatura presidencial

Aprehensión del ex gobernador y momento en que lo trasladan al penal. Leonel Rocha y Especial
Orlando Maldonado
Monterrey /

Un total de 572 ex funcionarios de la entonces administración de Jaime Rodríguez Calderón fueron los que recolectaron firmas en días y horas laborales para concretar su campaña presidencial en 2018.

La denuncia la interpuso el ahora gobernador Samuel García Sepúlveda, quien junto con la ex diputada local de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, acudieron ante la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante el Consejo General del INE.

En primera instancia, el organismo fiscalizador del INE dio la razón tanto a Samuel, como a Mariela, en el sentido de que sí se comprobó el desvío de recursos de los 572 ex funcionarios, pues en días y horas laborales recolectaron las firmas, ya que a los ex funcionarios se les estaba pagando por un sueldo para desempeñar funciones en el gobierno, y no para participar en actos proselitistas.

Dicho argumento fue impugnado ante la Sala Especializada por el propio ex gobernador Jaime Rodríguez y por su ex secretario general de gobierno, Manuel González, quien en esa ocasión fungió como gobernador interino, ya que argumentaban que no se había desviado el recurso de nadie y era por voluntad propia que los ex funcionarios recolectaron las firmas.

Sin embargo, la Sala Especializada ratificó las anomalías detectadas por el INE y ordenó a un ente superior jerárquico imponer las sanciones correspondientes.

"Es existente la infracción atribuida a 572 servidoras y servidores públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por tanto se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos.
"Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017; y Manuel Florentino González Flores, gobernador interino, son responsables por no tomar las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la Presidencia de la República; por tanto, se comunica esta sentencia al Congreso del Estado de Nuevo León", se lee en la sentencia de la Sala Regional Especializada.

Tiempo después, el propio Jaime Rodríguez y Manuel González, llevaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que ellos no tienen superiores jerárquicos y el Congreso local no era el indicado para imponerles dichas sanciones.

En ese sentido, el máximo órgano de justicia del país dio la razón a Jaime Rodríguez y Manuel González y ordenó al Congreso local iniciar de nueva cuenta el proceso de la sanción, pero respetando el marco jurídico que establece la Constitución.

Sin embargo, el tema lo dejaron en el aire, a tal grado que no le dio el tiempo a los diputados de la pasada Legislatura para imponer las sanciones correspondientes y el caso revive hasta ahora con la detención de Jaime Rodríguez.

No se sabe hasta el momento cuál será la vía conducente de la sanción o pena y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) no ha dado a conocer el argumento judicial por el que se detuvo al ex gobernador.

En el proceso electoral de 2018 a los candidatos independientes se les solicitaba reunir miles de firmas de apoyo para que procediera su postulación.

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