Cae uno más por Estafa Siniestra, ahora un ex funcionario de la Caasim

Le atribuyen el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por un monto de 44 millones 80 mil pesos.

Ex director de Administración y Finanzas de la Caasim, Salvador T.A.
Alejandro Reyes
Pachuca /

Un juez dictó prisión preventiva justificada en contra del ex director de Administración y Finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), Salvador T.A. por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por un monto de 44 millones 80 mil pesos, ello como parte de la llamada Estafa Siniestra, la investigación que se lleva a cabo en contra de ex funcionarios por el desvío de recursos públicos.

El exfuncionario estatal fue detenido el viernes 29 de junio por agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca de Soto.


Al día siguiente en la audiencia inicial, en los juzgados de control de la capital del estado, Salvador T.A. se apegó al plazo constitucional de 144 horas por lo que su situación jurídica se resolverá el 3 de julio después de las dos de la tarde. Se encuentra privado de su libertad en el penal de la capital hidalguense.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Salvador T.A. en su calidad de director de Administración y Finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, en fecha 11 de marzo del año 2022, firmó un contrato con una persona moral de una empresa, Nort Solutions, para la prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineación, evaluación y gestión con fines de certificación en atención al ciudadano en el sector público.

La Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra determinó que el imputado realizó el pago de 44 millones 80 mil pesos mediante una transferencia electrónica el 23 de marzo de 2022 sin que la persona moral brindara el servicio del contrato. La Unidad Especial estableció que el pago fue ilegal.

El Código Penal del Estado de Hidalgo establece que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y se impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de 50 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.


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