Luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cesara a 11 empleados por recolectar firmas para el apoyo de la campaña presidencial del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, algunas bancadas del Congreso local afirmaron respetar la decisión, mientras que otros celebraron que al fin se vean sanciones.
La presidenta del Congreso, Guadalupe Rodríguez, consideró que algunos empleados recibieron órdenes y sólo actuaron con base a las disposiciones que les dieron sus jefes.
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“Creo que volvemos al origen del problema de por qué ellos hicieron esas acciones y quiénes son los verdaderos responsables de haberlos llevado a realizar esas acciones, el gobierno está actuando contra unas personas que no son los responsables o culpables”, dijo la también diputada del PT.
Por separado, el coordinador del PRI, Francisco Cienfuegos, afirmó respetar los procesos internos que lleva cada organismo autónomo, pero descartó que se trate de una sanción derivada de la pelea legal que mantiene el Estado con la Fiscalía por el recorte presupuestal.
“Si la investigación así la determinaron ellos y tienen las bases comprobatorias de lo sucedido, seremos respetuosos de lo que ellos mismos apliquen, todos tienen la responsabilidad de no dejar las cosas… la misma Contraloría del Estado debía de actuar en consecuencia”, declaró Cienfuegos.
Carlos de la Fuente, de la bancada panista, coincidió con Cienfuegos, al considerar que derivado de la investigación que realizó la FGJ, tuvo que llegar a una conclusión sancionatoria.
La diputada de MC, Mariela Saldívar, aplaudió la acción de la Fiscalía y la calificó de congruente al ser la primera institución que sanciona, luego de que el INE y TEPJF revelaran que el poder ejecutivo utilizó a 572 funcionarios para recabar firmas.
“Es un recordatorio a los funcionarios públicos de que no deben utilizar su tiempo en la recolección de firmas, mi reconocimiento a la Fiscalía, es algo que deberían hacer más entes públicos”, aseveró Saldívar.
Ramiro González, de Morena, enfatizó que la decisión de la FGJ es un gran avance para que se combata lo que fue comprobado por las autoridades antes citadas.
“Son hechos ilícitos y aquí tienen que pagar todos. La sanción del gobernador es otra cosa al ser una investidura, sin embargo, el delito es sólo uno”, indicó.
Los congresistas antes citados señalaron que hasta el momento el gobernador Jaime Rodríguez no ha mandado una propuesta sobre quién ocupará la Contraloría Estatal, pero desde ayer circuló un rumor de que el ejecutivo propondrá a la ex titular, Nora Elia Cantú.
Las sanciones anunciadas por la FGJ se derivan de la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral el 21 de junio de 2018, dentro del procedimiento especial sancionador SRE-PSC-153/2018, respecto a una serie de apoyos brindados por servidores públicos del Estado al entonces candidato a la Presidencia de la República.