A más de cinco semanas de haber concluido la jornada electoral más grande de la historia, este jueves 15 de julio, la consulta popular colocará nuevamente al Instituto Nacional Electoral (INE) en una dinámica de difusión masiva para llamar a la ciudadanía a ejercer su derecho a opinar, de vigilancia para impedir que los gobiernos difundan programas sociales, y de un despliegue en medios y campo para volver a cumplir con un ejercicio democrático que será, otra vez, histórico.
Este 15 de julio, tal como lo mandató el Poder Legislativo, el INE podrá iniciar con la difusión de más de 377 mil promocionales: 131 mil impactos en radio y 246 mil 300 en televisión, con el adicional de que esta vez, los partidos políticos no podrán tener sus propios promocionales para difundir la consulta y tienen prohibida la participación en las mesas de votación el día de la jornada enviando representantes que vigilen la votación.
Para la consulta del próximo 1 de agosto, que busca cuestionar a la ciudadanía si quiere la investigación de hechos de corrupción de funcionarios de los gobiernos anteriores, se acordaron 57 mil 138 mesas receptoras las cuales se dividirán en las 32 entidades federativas con dos mil papeletas cada una, siendo el Estado de México la que más mesas tendrá con siete mil 708; seguido de la Ciudad de México con 4 mil 811; Jalisco, 3 mil 735; Veracruz, 3 mil 659; Puebla, 2 mil 941; y Nuevo León con 2 mil 521 mesas.
Este fin de semana, el consejero presidente Lorenzo Córdova informó que ya cuentan con 236 mil nombramientos, equivalentes al 83 por ciento de las personas requeridas como funcionarias de casillas y el 80 por ciento ya fueron capacitadas, por lo que negó que exista una supuesta intención del INE para desfavorecer este ejercicio.
“Ante quienes mienten afirmando que el INE no quiere la consulta, es muy importante aclarar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves 15 de julio, no antes, esto se debe a una decisión que tomaron las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República en donde se decidió mover la fecha de convocatoria de la consulta de octubre como se planeaba anteriormente, al 15 de julio. Es decir, eso no lo decidió el INE sino las cámaras”.
Desde este jueves, también debe suspenderse propaganda gubernamental a nivel federal, estatal y municipal con excepción de información referente a servicios educativos, de salud o protección civil, aquellos que violenten estas disposiciones como en el caso del proceso electoral, podrían ser acreedores a una queja electoral que derive en sanciones administrativas.
Ese día vence la convocatoria para que los observadores electorales de la elección del 6 de junio ratifiquen su intención de participar o presentar su solicitud en caso de no haber participado en la jornada electoral. De acuerdo a la propaganda del INE en redes sociales, los observadores deben caracterizarse por su imparcialidad que implica ser neutral, no apoyar ninguna respuesta; objetividad, pues su conducta se basa en hechos y no en opiniones; certeza porque sus acciones son confiables; legalidad ya que se apegan a la ley y sin vínculos con partidos políticos, candidatos y organizaciones políticas.
El INE también habilitó el micrositio www.ine.mx/consulta-popular y la aplicación “mi primera opinión: consulta popular”, para que la ciudadanía pueda informarse sobre los avances en la consulta.
En la página del INE han difundido pequeños segmentos con videos breves en los que explican las bases de la consulta popular y aclaran las principales dudas para este ejercicio, además, los institutos electorales organizarán jornadas de diálogo nacional que se realizarán el 19, 26 y 30 de julio a las 17:00 horas.
Apenas este domingo, también apareció en Wikipedia la consulta popular, en donde explica que se trata de acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Incluye una cronología de cómo se aprobó luego de meses de propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ajustes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los problemas presupuestales y las expectativas y resistencias de este primer ejercicio histórico apegado a la legalidad.
JLMR