Guardia Nacional no debe depender de la Sedena: diputada

La diputada federal Rosa González Azcárraga se opone y pide que la CNDH presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto que lo estableció.

Desde la creación de la Guardia Nacional, ha perdido o le han robado 200 armas cortas y largas. (Jesús Quintanar)
Cristina Gómez
Tampico /

La diputada federal Rosa González Azcárraga se opone a que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y pide que la CNDH presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto que lo estableció.

La panista llevó una proposición con punto de acuerdo, donde argumenta que esa adhesión es contraria a diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país; ante ello busca exhortar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, a intervenir.

Dicho decreto fue publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el mando, operación y administración de la Guardia Nacional.

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"Tanto la Guardia Nacional como la Sedena se encuentran dentro de las 10 instituciones con el mayor índice de quejas presentadas ante ese organismo autónomo, por presuntas violaciones a derechos humanos, información que es del conocimiento de la presidenta, Rosario Piedra, pero que prefiere ignorar”.

Mencionó que si bien en la práctica, la Guardia Nacional actuaba como un cuerpo bajo control militar, “la realidad es que el 80% de sus 110 mil efectivos, ubicados en 242 cuarteles, provienen del Ejército y de la Marina, es decir, esta reforma legal reafirma su espíritu militar para la que fue creada”.

Señaló que estas reformas dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública.

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“Es por ello que los organismos protectores de derechos humanos y sus mecanismos han señalado que estas solo debieran intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes, ya que, en caso contrario, provocaría un aumento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Busca en su propuesta que la Cámara de Diputados exhorte a Rosario Piedra a presentar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes inherentes.


SJHN

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