El Congreso de Coahuila aprobó la propuesta de la diputada Maru Cázares Martínez de solicitar a la Fiscalía General del Estado, que se investiguen cada una de las agresiones que ha sufrido el personal de los hospitales y clínicas en la entidad con motivo de la crisis originada por covid-19.
Además de que se aplique la ley vigente en Coahuila, en especial las disposiciones del Código Penal en materia de lesiones y amenazas, ya que el omitir las investigaciones y castigos correspondientes genera un clima de impunidad.
En la Sesión Ordinaria, habló del aumento de las agresiones contra personal médico y de enfermería en distintos estados del país, y Coahuila no es la excepción, pues el personal, especialmente de hospitales del IMSS, que es donde se atiende la mayor parte de enfermos de covid-19, ha sufrido todo tipo de agresiones, sobre todo de parte de familiares de pacientes con este mal y de otros particulares que expresan hacia el personal sanitario odio, discriminación y violencia verbal y física.
“Algunos medios se preguntan si se necesita legislar o existe falta de leyes para protegerlos. Y no, como Poder Legislativo debemos afrontar la verdad, existen leyes, claras y precisas, el problema es la falta de voluntad de las autoridades para aplicarlas, nuestro Código Penal castiga los delitos de lesiones y el de amenazas”, aclaró.
Al dar lectura a un Punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad, argumentó que el Código Penal de Coahuila, en lo referente a delitos contra la integridad corporal, se tipifican las lesiones, que van desde simples, leves, graves, gravísimas y así diferentes clasificaciones de acuerdo al daño ocasionado y pueden alcanzar una pena de hasta 12 años de cárcel y multa, y tres meses y multa como mínimo.
En lo referente a delitos contra la paz y la identidad personales, y contra la inviolabilidad del domicilio, se encuentran las amenazas, con las sanciones, que van de tres meses a tres años de prisión y multa.
Por otra parte la fracción X del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, establece que es deber del titular del Ejecutivo garantizar la seguridad de los ciudadanos, en este caso el deber es de garantizar la seguridad y la integridad del personal médico y no tratar de ver como “normales” este tipo de agresiones.
Maru Cázares dijo que este no es un problema de falta de leyes, sino de falta de voluntad e interés de las autoridades.
El objetivo de las sanciones penales es reprimir las conductas delictivas, disuadir a los potenciales delincuentes, al hacerles ver las consecuencias de sus actos y no por el contrario, que crean, como en el caso de las agresiones a médicos y enfermeras, que pueden actuar con total impunidad sin que nada les pase.
“El Congreso del Estado reconoce la labor y el compromiso de todo el personal del sector salud y no permitiremos ningún tipo de agresión hacia su persona”, afirmó.
CALE