El diputado de Movimiento Ciudadano, Oscar Octavio Moguel Ballado planteò prohibir a los patrones exigir a los trabajadores la realización de exámenes de diagnóstico del VIH para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y exceptuar a las y los empleados de realizarse dichos estudios dentro de sus obligaciones.
La iniciativa que reforma los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo y enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, expone que, según el Inegi, 26.2 por ciento de la población mayor a 18 años no estaría dispuesta a contratar a una persona que vive con este padecimiento.
“Eso no sólo es una suposición, sino refleja una de las principales barreras de exclusión que enfrenta la población con VIH en México”, expuso el mandatario.
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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) examinó, entre 2014 y septiembre de 2020, a 334 incidentes de presunta discriminación dirigidos a personas en este estado serològico. De este conjunto, 64 por ciento representó quejas dirigidas hacia individuos particulares, mientras que 36 por ciento se centró en funcionarios públicos.
Argumenta que la discriminación relacionada con la condición de salud, específicamente aquella vinculada a vivir con VIH, se asoció con la discriminación basada en la orientación sexual en uno de cada seis casos y con la discriminación de género en uno de cada 10. Las personas afectadas experimentaron discriminación en el ámbito laboral (40 por ciento) y en el sector de la salud (33 por ciento).
Moguel Ballado relata que, según el Conapred, una manera en que las empresas y empleadores discriminan y atentan contra los derechos de las personas que viven con la enfermedad es obligarlas a someterse a pruebas de detección, a veces sin su consentimiento, durante los procesos de contratación y ascenso laboral, además de utilizar estos resultados para excluir a aquellos que su diagnóstico es positivo.
Esto, añade, a pesar de que desde 2015 el organismo estableció que llevar a cabo pruebas de detección del VIH como requisito para obtener empleo y utilizar los resultados en el proceso de selección viola el derecho al trabajo, a la igualdad y no discriminación, estas prácticas persisten.
Además, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) estableció en la sentencia 43/2018 que exigir el examen de VIH como requisito para acceder al trabajo viola el derecho a la igualdad, pues permitiría negar el empleo a las personas, simplemente por su condición de salud, lo que está prohibido por el artículo 1º de la Constitución Política.
Al considerar que en el país cerca de 250 mil personas viven con el virus, significa que cuatro de cada mil personas lo tienen y un gran número de individuos forman parte de grupos que han sido históricamente estigmatizados, lo cual los expone a un mayor riesgo de enfrentar discriminación en múltiples dimensiones; por ello, “es esencial abordar esta problemática desde diversas perspectivas”.
Indica que es crucial que se establezcan derechos y deberes explícitos en la legislación laboral que contribuyan a asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que conviven con el VIH.
JATS