Diputados locales y barrios originarios de la Ciudad de México acusaron que la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local recibió los proyectos de Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), a escondidas, sin consultas y sin una presentación oficial ni conferencias de prensa.
El presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso, Ricardo Rubio, manifestó su preocupación por la forma en que se realizó la entrega de los documentos; no obstante, aseguró que le darán los cauces legales adecuados para dictaminarlo, además de abrirlo a la ciudadanía para que expresen su punto de vista.
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En conferencia de prensa, manifestó que aún quedan procedimientos pendientes por cumplir en términos legales, mismos que quieren cubrir de manera ilegal desde el gobierno central, por lo que llamó a la administración local a que permitan al poder legislativo realizar su labor.
“La Comisión de Planeación ha recibido documentos de la sociedad civil manifestando su inconformidad porque no han sido consultados, por lo que advierten que van a impugnar el proceso, además de que no fueron tomados en cuenta los puntos de vista de las alcaldías”, dijo.
Aseguró que la comisión también deberá dictaminar la iniciativa presentada por la jefa de Gobierno con relación al suelo rural y a los artículos transitorios de la Constitución de la Ciudad de México, que establecen los plazos para sacar las leyes correspondientes.
Mientras que, el grupo parlamentario del PAN, consideró que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, faltó a su palabra de reponer la consulta ciudadana de los documentos; dando validez a la consulta hecha entre el 08 de julio de 2022 y el 08 de enero de 2023, que ella misma echó abajo en diciembre.
Al respecto, la diputada panista Gabriela Salido aseguró que “todo el proceso de planeación se realizó en secreto y a hurtadillas evitando la crítica y el reclamo vecinal. La jefa de gobierno envió los proyectos de PGD y PGOT, y no es sorpresa que hoy quieran desconocer el resultado de un trabajo tan desaseado, orquestado a escondidas de la ciudadanía, pues ahora no realizaron los actos de protocolo a que están acostumbrados, donde los arropan y reciben legisladores del partido oficialista”.
“En este contundente madruguete a la ciudadanía, no quisieron dejar fotografía o conferencia de prensa cómo constancia de que Claudia Sheinbaum cede la estafeta que realmente nunca tomó de un proceso viciado que deja el ordenamiento territorial de la capital en manos de grupos afines a sus intereses”, añadió.
Los legisladores Rubio Torres y Salido Magos recordaron que el lunes 22 de mayo se anunciaron los documentos de Planeación argumentando el respaldo ciudadano; sin embargo, la academia y la ciudadanía dijeron no conocer el contenido de los mismos.
Al cuestionar a la Secretaría de la Comisión de Ordenamiento Territorial por la validez del documento, la diputada Gabriela Salido precisó que “sin importarle su responsabilidad, jamás asumió su papel en la junta de gobierno del Instituto, dando paso a actos ilegales y suplencias definitivas que no contempla la Ley, para mentir por casi 3 semanas diciendo que revisaba documentos, que al final, fueron aprobados desde el 22 de mayo”.
Ahora, en términos de la Ley, el Congreso tiene un plazo de 6 meses para analizar y aprobar los documentos que debieron estar vigentes desde octubre pasado, sin que en el Congreso se haya aprobado la prórroga para la entrada en vigor del Plan y del Programa.
Pueblos y Barrios Originarios denuncian que no fueron consultados; preparan amparo
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, denunció que no fueron consultados por el gobierno capitalino en los proyectos de Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, enviado por el Gobierno capitalino al Congreso de la Ciudad de México.
Expuso que, de un total de 197 pueblos y barrios reconocidos en la Gaceta Oficial del 17 de abril del 2017, sólo fueron firmados 49 protocolos de consulta. Esos protocolos fueron firmados en muchos casos únicamente por individuos sin representación, como ocurrió en los protocolos firmados en Magdalena Contreras.
Agregó que solamente se realizaron 12 reuniones de diálogos y acuerdos, es decir, se concluyeron apenas 12 consultas. Lo anterior significa que del total de procesos iniciados únicamente se finalizó el 24 por ciento y que los procesos concluidos representan un escaso 6 por ciento del total de pueblos y barrios (197).
Tal situación llevará al irremediable destino en el cual, por medio de algún juicio de amparo, se anulen ambos documentos por no haberse llevado a cabo la consulta y por violación a tratados internacionales.
El Frente cuestionó que es inadmisible que apenas una semana antes de que se presentaran los nuevos proyectos, la Secretaría de Pueblos haya borrado la existencia jurídica de más de la mitad de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, sobre todo, aquellos ubicados en las zonas de gran desarrollo inmobiliario, como Benito Juárez, así como en otras demarcaciones territoriales como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Azcapotzalco.
En términos generales, consideró que la última propuesta de PGOT, al no generar mecanismos para evitar o limitar el desarrollo urbano que actualmente favorece principalmente al sector inmobiliario, y dejar la zonificación, es decir, los usos de suelo a cada una de las alcaldías, termina por fragmentar una visión común de la ciudad, facilita el uso de estructuras corporativas y de cacicazgos locales casi siempre bajo control de los propios alcaldes, es susceptible de facilitar la legalización de megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación.
ABR