Los 84 municipios de Hidalgo podrán agilizar determinados procesos de contratación si entra en vigor la reforma aprobada por el Congreso del estado, que elimina de la Constitución local la obligación de contar con una autorización general del Ayuntamiento para que el presidente municipal celebre contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público.
La modificación corresponde a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y fue dictaminada por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. La propuesta plantea actualizar una disposición que tiene su origen en la Constitución local de 1920 y que, de acuerdo con el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, ya no responde plenamente a las necesidades actuales de la administración municipal.
El legislador de Morena argumentó que, después de más de 105 años, resulta necesario adecuar el marco constitucional a las condiciones actuales para que los gobiernos municipales puedan responder con mayor prontitud a las necesidades de la población, particularmente cuando se requiere realizar contrataciones para atender servicios y demandas sociales.
La reforma no elimina todos los controles que tienen los ayuntamientos sobre decisiones que pueden comprometer el patrimonio o las finanzas municipales. Se mantiene la aprobación de las dos terceras partes del Ayuntamiento para la enajenación de inmuebles municipales y para asumir compromisos de deuda pública que excedan el periodo de gobierno.
Con ello, el cambio busca concentrarse en aquellos procedimientos administrativos que pueden ser atendidos con mayor rapidez, sin modificar los candados establecidos para decisiones que tienen consecuencias patrimoniales o financieras de largo plazo.
El dictamen también plantea armonizar la Constitución de Hidalgo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la fracción XXIX del artículo 56 de la propia Constitución estatal, bajo una lógica de modernización de la gestión pública municipal.
La intención es que las administraciones puedan dinamizar sus procesos, cumplir con mayor eficacia sus instrumentos de planeación y atender las necesidades de sus comunidades sin que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para la prestación de servicios públicos.
La reforma, en ese sentido, plantea un equilibrio entre agilidad y control: facilitar la operación cotidiana de los municipios, pero conservar la intervención de los ayuntamientos cuando estén en juego los bienes inmuebles o las finanzas que comprometan a futuras administraciones.