El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso un punto de acuerdo para que se exhorte al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura Federal a resolver el caso del empresario Manuel Samuel Castro Mercado.
Castro Mercado es dueño de Pacific International Development Inc. USA Imports (antes Dina Nacional) y fue acusado de homicidio, asunto en el que se presume se “fabricó” un plan para culparlo y arrebatarle la empresa.
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MILENIO ha dado a conocer que en 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó que existió “un aleccionamiento o preparación” por parte de los testigos que acusaron a Samuel Castro y que los detenidos se auto inculparon.
Ante la serie de anomalías y violaciones al debido proceso, “así como la actuación dolosa en la que incurrieron jueces de Hidalgo” contra el empresario, la diputada federal de Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín, dio a conocer la propuesta ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se exhorte al CJF y al TSJ estatal atender este asunto que ya tiene más de seis años.
El 28 de enero de 2012, afuera de la empresa Motor Coach Industries (MCI) -antes Dina Nacional-, en Ciudad Sahagún, se registró un enfrentamiento entre personal de resguardo y ex trabajadores encabezados por su ex líder y ahora asesor jurídico, el priista Artemio Vázquez Peña.
Según las autoridades estatales, en la riña murió por herida de bala el trabajador José Matilde Cotonieto, cuyo cuerpo estaba a 50 metros de la entrada de la planta.
Al sitio arribaron agentes de seguridad pública quienes, según consta en la investigación realizada por la CNDH, extrajeron de la bóveda de la compañía al empresario, sus hijos y empleados de confianza, donde se habían refugiado, a raíz de la trifulca.
La CNDH emitió una recomendación donde puntualizó que la integración de la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo adoleció de graves fallas, además de que se puso al descubierto tráfico de influencias y abusos perpetrados por ministerios públicos, policías y el médico legista asignado a la integración de la necropsia de ley.
Hasta la fecha, las autoridades no han podido ubicar ni en tiempo ni en espacio la presencia del empresario en el lugar de la riña.
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Las pruebas periciales indican que el occiso presentaba un tatuaje de pólvora que al decir de los expertos en la materia, se produce cuando un disparo se realiza a no más de 20 centímetros de distancia, lo que anula cualquier hipótesis de que la bala que le quitó la vida provino de la planta, por la distancia en que, al decir de las autoridades, se encontraba.
Juan Romero Tenorio, legislador federal por Morena, declaró que ha seguido el proceso judicial ordinario de revisión, de apelación, y el empresario continúa preso.
“Ha acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos autónomos que han emitido sendas recomendaciones, y sigue preso. Recomendaciones que van desde revisar de nuevo la investigación y la competencia del ministerio público y los jueces que conocieron del asunto”.
Mencionó que las recomendaciones de estos organismos van en el sentido de establecer responsabilidad a los funcionarios públicos que imputaron a Manuel Castro el delito de homicidio, mismo que no fue acreditado por la instancia revisora, que determinó que el procedimiento tendría que reponerse.
jbh