La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados analiza la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a fin de permitir al Estado mexicano acceder de manera efectiva a insumos médicos esenciales para garantizar el derecho a la salud.
Durante la primera jornada de los Foros del Parlamento Abierto sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, fundamentó su iniciativa para reformar el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) expresó que el propósito es establecer en la ley un nuevo procedimiento para la compra de bienes o prestación de servicios para la salud a organismos intergubernamentales internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar a los mexicanos, el derecho humano a la protección de la salud y el acceso a los servicios de salud de calidad.
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Explicó que distintos organismos intergubernamentales internacionales ponen a disposición de sus Estados miembros participantes distintos mecanismos de cooperación internacional, por ejemplo, con los fondos cuya finalidad es precisamente generar condiciones que propicien un abasto eficiente a costos razonables de los insumos para la salud que se requieren para la prestación de los servicios, asegurando su calidad, seguridad y eficacia.
Señaló que estos organismos internacionales, no son los proveedores, pero sí son los responsables ante los Estados miembros con quienes suscriben los acuerdos correspondientes para acceder a los insumos para la salud, haciendo que el procedimiento de compra sea diferente y muy específico.
Recordó que el pasado 28 de noviembre de 2019, la Secretaría de Salud firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional para participar en los fondos rotatorios y estratégicos de la OPS/OMS, pero, para nuestro país todavía no es posible acceder a estos mecanismos de cooperación internacional toda vez que esta modalidad de contratación no se encuentra prevista de manera expresa en nuestro orden jurídico nacional.
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En la ley mexicana, añadió, solamente se pueden adquirir bienes y servicios mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.
En ese sentido, enfatizó, es necesario reformar la ley en la materia a efecto de generar las bases legales que permitan acceder a los mecanismos internacionales como una opción más para la adquisición de bienes y servicios para la salud, dando pleno cumplimiento al mandato constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Destacó que la experiencia reciente muestra que en el futuro la salud tiene que ser vista cada vez más como un derecho humano, como ya se hace en México.
“De aquí en adelante vamos a ver una mayor cooperación entre gobiernos y entre organismos internacionales para procurar el derecho humano a la salud, entonces es poner nuestra legislación a la vanguardia, es dar la posibilidad también que el Estado mexicano utilice mejor esos recursos, garantizando un abasto eficiente a costos razonables y competitivos a nivel internacional”, afirmó.
ROA