Director del IMSS pide a CNDH intervenir en caso de guardería ABC

Germán Martínez dijo que por una orden de la Auditoría Superior de la Federación el IMSS dejó de atender a los familiares de las víctimas del incendio de la guardería, por lo que pidió la intervención inmediata de la CNDH.

Germán Martínez, director de IMSS acudió a la CNDH (Ariana Pérez)
Blanca Valadez
Ciudad de México /

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas cautelares para que el instituto pueda brindar servicio médico “sin pretexto burocrático y sin estar fuera de la ley”, a las familias de los 49 niños que fallecieron por el incendio en la guardería ABC, ocurrida el pasado 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora

“Queremos que no haya pretexto burocrático ni norma reglamentaria que eviten darles los servicios subrogados a todos los familiares; servicios que se interrumpieron porque la Auditoría Superior de la Federación ordenó que se iniciarán lo que se conoce como Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sancionadora".

Martínez dijo que siempre estará del lado de las víctimas por lo que acudió a la CNDH para que el IMSS pueda volver a atender a atender los familiares sin que ningún funcionario sea sancionado por hacerlo. 

“Vengo yo a reclamar, a pedir una medida de emergencia, una medida cautelar, una intervención urgente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque yo me pongo del lado de las víctimas. 

Y agregó: “Yo no quiero que se interprete nada fuera de la ley, y el IMSS en ese sentido está para cumplir la ley pero yo necesito una intervención urgente de la Comisión de Derechos Humanos para que todos los familiares estén atendidos, para que se repare el daño, para que no corra un riesgo en la salud de ninguno y para no se revictimice a las familias de las niñas y los niños que perdieron la vida en la guardería ABC”. 

En el documento que entregó a la CNDH, Martínez señala que todas las autoridades tienen, en el ámbito de su competencia, la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.  


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