Tuvieron que pasar tres años para que la Unidad de Inteligencia Financiera encontrara una alerta sólida en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. El divorcio y el inicio de una nueva vida en España fue el tropezón: transferencias irregulares y manejo de dinero en efectivo que le permitían vivir fuera de México.
Peña Nieto era un objetivo primordial más que para el gobierno federal, para el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien rastreó al ex mandatario desde el primer día. Buscó en los últimos ocho años, como lo permite el sistema financiero pero no detectó anomalía alguna.
- Te recomendamos Antes de denuncia contra Peña Nieto, se informó a otras autoridades: Santiago Nieto Política
El nombre de Peña Nieto fue vinculado con múltiples indagatorias: desde actos de corrupción con farmacéuticas hasta las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Pero nada arrojaba un foco rojo en su contra. Las alertas del sistema bancario nacional no incluyeron al ex presidente priista en sus listas negras durante casi el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue hasta finales de 2019 que el momento esperado llegó: un familiar del ex presidente le envió una transferencia millonaria a España. Pero el movimiento fue fugaz, un único movimiento el 21 de agosto de 2019 por 16 millones ocho pesos y 20 centavos.
La esperanza volvió a desaparecer. Pero en mayo de 2020 la UIF inició una investigación en contra de Grupo Fármacos Especializados, la farmacéutica favorita de Peña Nieto que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó de su gobierno y que la Secretaría de la Función Pública multó por casi un millón de pesos. Pero del priista no encontró nada.
En agosto de 2020 el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, apareció como la pieza clave que podría llevar a finalmente perseguir de manera sólida al ex presidente Peña Nieto. Lo acusó de actos de corrupción y de haberle ordenado entregar moches para aprobar sus reformas estructurales.
La UIF abrió una investigación paralela en contra de 70 personas que incluían al ex presidente. Volvió el rastreo sin novedad alguna. No pudo fincar ninguna responsabilidad más allá del exsenador Jorge Luis Lavalle.
Ese mismo año, la UIF concluía la investigación en contra de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio priista. MILENIO publicó que detectaron la compra de 50 millones de pesos en inmuebles, la emisión de cheques por 14 millones de pesos sin que coincidiera con sus ingresos, el retiro de seis millones de pesos y una transferencia por ocho millones de pesos sin estar claro el origen del dinero.
En abril, Ruiz Esparza falleció, pero la investigación que no tuvo mayor sentido, no pudo ligarse con Peña Nieto.
La transferencia de 2019 era el único reporte inusual de Peña Nieto y, a todas luces, para acusarle de algún delito. Un año después, en octubre de 2021 se dieron dos alertas más, los días 20 y 29, por transferencias de cinco millones de pesos cada una.
La misma persona que le había enviado 16 millones de pesos dos años antes, le transfería al hermano de Peña Nieto 29 millones de pesos con el mismo esquema. El familiar encargado de hacer las transferencias tuvo manejos millonarios y con dinero en efectivo. 189 millones de pesos en retiros y 47 millones en depósitos inexplicables. Más de 36 millones de pesos de estos, depositados en efectivo sin dejar rastro de su origen.
También encontraron anomalías en los vínculos corporativos de Peña Nieto con dos empresas: una de ellas con irregularidades fiscales y financieras que con depósitos por 35.9 millones de pesos de los cuales, triangularon 22.8 millones de pesos; y una segunda empresa que él mismo creó y que benefició en su gobierno con contratos por 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos. Empresa que además, realizó transferencias por mil 557 millones de pesos, 4.9 millones de dólares y 164 mil euros a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Estos hallazgos fueron lo único que la UIF y Nieto Castillo pudieron detectar en tres años de gobierno y antes de que dejara el cargo. Ayer por la mañana, el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez presentó el caso por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. A diferencia de su antecesor, ni siquiera mencionó a Peña Nieto por su nombre, se limitó a hablar de un ex presidente, evadió dar más detalles y precisar el familiar que realizó las transferencias y las empresas involucradas.
Tras la salida de Nieto Castillo de la UIF no se reportó ningún movimiento adicional, o al menos no en el reporte de Pablo Gómez quien mencionó como últimos movimientos los de octubre de 2021, un mes antes de que su antecesor dejara el cargo que hoy él ocupa.
El ex presidente priista dijo que puede comprobar la legalidad de su matrimonio. Los 26 millones de pesos tendrán que haberse reportado al SAT para que no se le acuse de evasión fiscal y deberá comprobar el origen del dinero para que la Fiscalía General de la República no lo acuse de lavado de dinero.
Una denuncia que se presentó en octubre de 2021, hace casi ocho meses y de los que en este tiempo, la FGR no ha dado información alguna sobre el avance. Por los dichos de Peña Nieto desde su cuenta de Twitter ayer, pareciera que tampoco había sido notificado de la indagatoria que, de avanzar, lo obligaría a volver a México después de más de tres años de haber dejado el país.
En febrero de 2019 aseguró que vivía en México con su familia pero meses después se divorció de la ex primera dama Angélica Rivera, lo que llevó a dejar el país con su nueva pareja. Actualmente vive en España con un “visado dorado” por las inversiones que aparentemente realiza en aquel país y que incluyen una propiedad en Chamberí, un lujoso barrio de Madrid.
FS