La Contraloría del Poder Legislativo lleva más de 800 denuncias en contra de servidores públicos de elección popular, sobre todo ediles, por incumplimiento de funciones, violaciones a la ley, falta de pagos, nepotismo, entre otras posibles faltas, indicó el contralor, Juan José Hernández Vences.
Aunque en este año no son muchas las quejas, resaltó que durante el último mes empezaron a aumentar debido a que las y los regidores están aprendiendo hasta dónde llegan sus facultades y obligaciones y se inconforman por las acciones y omisiones entre los mismos integrantes de los ayuntamientos.
Los y las regidoras se quejan porque la o el presidente municipal no toma en cuenta sus puntos dentro de las sesiones de Cabildo, porque no se atienden sus solicitudes para que comparezca el tesorero u otro funcionario municipal, porque no les informan cómo va el programa de obra, en qué se ha gastado el presupuesto, entre otros temas relacionados con el funcionamiento de la administración municipal.
Aunado a las quejas que presentan los y las ediles, están las de la población en general que se ha enfocado en la denuncia anónima y en el uso del buzón electrónico, el cual facilita la presentación de quejas, sin moverse de su lugar de origen ni perder tiempo o recursos en el traslado.
Juan José Hernández indicó que desafortunadamente muchas de las denuncias anónimas carecen de algún elemento para poder identificar la falta claramente, pero eso no es motivo para desechar el señalamiento y de oficio la Contraloría debe tratar de subsanar las carencias, por medio de diversas investigaciones.
Denuncias y procesos
En promedio siete de cada 10 denuncias se presentan de manera anónima y no hay manera de ubicar a la persona que hizo la denuncia para que aporte más datos. En ocasiones falta la ubicación exacta, fecha o alguna prueba del dicho y se queda sólo en un señalamiento general.
En entrevista refirió que esto no ha sido impedimento para comprobar diversas conductas erróneas y sancionar, por ejemplo a quienes evadieron la instalación de sus Comités de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, donde han impuesto amonestaciones a quienes les faltó algún trámite, e inhabilitaciones a quienes no hicieron prácticamente nada en los últimos años.
Las sanciones son diferentes en cada caso. Hay varios de ellos considerados como graves, sobre todo los relacionados con las administraciones anteriores de Almoloya y Santiago Tianguistenco, donde ubicaron faltas graves y ya turnaron los expedientes al Tribunal Contencioso Administrativo, como lo marca la ley.
- De hecho todavía hay tiempo de sancionar conductas graves, pues para eso tienen siete años y no importa que hayan cambiado de administración los ayuntamientos.
De las nuevas administraciones destacan Toluca y Naucalpan por la falta de pagos a proveedores, derivado de deudas que datan de los anteriores gobiernos.
El nepotismo sigue presente pero con menor incidencia, lo que sigue muy presente es la falta de respuesta o atención al derecho de petición del ciudadano, que presenta documentos y solicitudes que no son atendidas como mandata la ley.
KVS