Los vacíos legales que existen, no garantizan el derecho a tener una identificación oficial y a votar de las personas con discapacidad, sobre todo de quienes tienen problemas intelectuales y no logran comunicarse adecuadamente, consideró el magistrado de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Avante Juárez.
Durante la conferencia “El derecho de voto de las personas con discapacidad intelectual” organizada por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), transmitida de manera virtual, pidió legislar para no discriminar y crear condiciones desfavorables para las personas que nos rodean.
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Señaló que es evidente que las personas con discapacidad intelectual son las más olvidadas en el reconocimiento de sus derechos porque no pueden organizarse y emprender la lucha que por años han dado las mujeres y los indígenas por lograr equidad y justicia.
“Somos un país que derivado de nuestro entorno tendemos materialmente a discriminar y crear condiciones desfavorables para las personas que nos rodean; ahora que tenemos toda la capacidad para proteger a los grupos desprotegidos, por ética y por ser lo correcto, una justicia igualitaria, hagámoslo”.
O cuando menos por interés personal, dijo, porque no sabemos si el día de mañana estaremos en ese grupo, ya sea de manera temporal o permanente y necesitemos realizar algunos trámites con la credencial del INE o deseemos votar.
Actualmente, los funcionarios de los módulos de atención del INE se arropan esa facultad sin que la ley se las otorgue y si no logran comunicarse con una persona simplemente detienen el trámite, sin asentar las razones por escrito y dar oportunidad a la autoridad jurisdiccional de revisar el caso con expertos para garantizar su derecho a esa persona.
Hoy si una persona recibe la negativa del funcionario simplemente no puede hacer nada y se queda sin posibilidad de tener esta identificación oficial a la cual tienen derechos todos los mexicanos que cumplan con los requisitos enmarcados en la ley, indicó.
Por esa razón, dijo, autoridades internacionales ya han conminado a México a modificar el artículo 280 de la legislación electoral federal para asegurar el derecho de millones de discapacitados, especialmente quienes tienen dificultades intelectuales.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad forma parte de la condición humana y todos la sufriremos en algún momento.
En México 6 por ciento de la población tiene alguna discapacidad y 33 por ciento de ellos son de edad avanzada, con una tendencia a que 270 mil personas cada año se sumen a esa cifra. Poco menos de la mitad está en siete estados, donde sobresale el Estado de México con 14.6 por ciento del total.
Si ese porcentaje se proyecta con el padrón electoral de 86 millones de mexicanos, la cifra puede significar fácilmente la diferencia entre el primero y segundo lugar en una elección presidencial.
MMCF