El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo ‘bateó’ a siete mil 433 personas que aspiraban a una candidatura en la elección judicial, y validó a 11 mil 14 que sí cumplieron con los requisitos legales y que ahora, pasarán a la etapa de elegibilidad con conceptos como trayectoria, honestidad y fama pública.
De los 18 mil 447 registros que recibió el Poder Ejecutivo, el 40.2 por ciento fue descartado y el 59.7 por ciento cumplió con los requisitos legales que estableció la reforma judicial y que ya marcaba la Constitución, para aspirar a integrar la Suprema Corte de Justicia dela Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Sala Superior o en alguna de las regionales, en los juzgados de distrito o en los tribunales de circuito.
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En contraste al Poder Judicial que como MILENIO anticipó desde noviembre, tras la depuración de requisitos legales no logró ni siquiera el mínimo requerido de finalistas que establece la Constitución para someter a una tómbola, el Poder Ejecutivo tiene más del doble de los cinco mil 410 perfiles que tendría que llevar a un sorteo para elegir un total de hasta mil 793 candidaturas definitivas.
Dos de los descartados que más buscaron adelantarse a una campaña a su favor para promocionar sus aspiraciones a ministro, son el ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y quien fue suplente de la representación de Morena en el Consejo General del INE, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, quienes ni siquiera cumplieron los requisitos legales para la siguiente etapa.
Entre los 11 mil 13 aprobados, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacan los cercanos al movimiento morenista como Bernardo Bátiz quien ya había sido propuesto para este puesto en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la ex consejera jurídica de ese sexenio, María Estela Ríos.
Cercanos al coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, aparecen su exsecretaria de Estudio y Cuenta, Ana María Ibarra Olguín, y su excoordinadora de asesores, Fabiana Estrada Tena, ambas actualmente magistradas de circuito.
Así como Paula María Villegas Sánchez Cordero, hija de la diputada federal de Morena y ex secretaria de Gobernación con López Obrador, Olga Sánchez Cordero.
Además de, Sergio Javier Molina, del Consejo de la Judicatura Federal, por quien se logró entregar al Senado el listado público de juzgadores para que avanzara el proceso y Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México.
Del gobierno de Felipe Calderón destacan nombres como su ex secretario particular, Roberto Gil Zuarth, y la ex procuradora General de la República, Marisela Morales.
Mientras que para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están dos de las magistradas electorales de salas regionales que ya habían pasado todos los filtros de selección y que se quedaron en la terna finalista que el Senado no aprobó para esa vacante: Gabriela Villafuerte Coello, ex magistrada de la Sala Regional Especializada, y Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Regional Monterrey y quien asumió la sexta magistratura provisional para validar la elección presidencial y el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República.
Y la magistrada Gabriela del Valle Pérez, de la Sala Regional Guadalajara y la exconsejera del INE, Adriana Favela, quien actualmente trabaja en la Sala Superior del Tribunal Electoral en temas de género.
Para la silla de magistrado electoral en la Sala Superior pasaron los requisitos legales, el magistrado de la Sala Regional Especializada, Rubén Lara Patrón, quien también fue uno de los finalistas en la terna que el Senado dejó en suspenso; Enrique Figueroa Ávila, magistrado electoral de la Sala Regional Xalapa; César Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República.
César Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República y Jorge Emilio Sánchez Cordero, sobrino de la diputada Olga Sánchez Cordero.
Para ocupar una magistratura de circuito, pasaron casi tres mil 400 personas para y casi siete mil para un juzgado de distrito.
Este grupo de siete mil 433 aspirantes para los 881 cargos a renovarse, pasarán a una nueva etapa de elegibilidad que arrancará este lunes 16 de diciembre. Y que de acuerdo con lo que explicó el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia e integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, Arturo Zaldívar, consiste en evaluar la trayectoria profesional, la fama pública y la honestidad.
“Tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa”, sostuvo.
Quienes pasen el filtro de elegibilidad llegarán a la etapa de entrevistas públicas de donde se seleccionarán a los finalistas para ir a una insaculación, que determinará quiénes obtendrán las candidaturas definitivas para aparecer en las boletas.
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