El gobierno del estado denunció a Enrique Torres y Manuel Vital, ex secretario general de gobierno y ex secretario de Desarrollo Sustentable, respectivamente, por ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades, tras haber quitado de la ley la prohibición para construir giros de vivienda y comerciales cerca de las pedreras.
De acuerdo con documentos en posesión de la plataforma MILENIO-Multimedios, se interpusieron dos denuncias: una en la Fiscalía Anticorrupción y otra ante la Fiscalía General de Justicia del estado.
"Revocación de decreto de limitación de pedreras, en donde tenían interés, al tener desarrollos inmobiliarios", refiere la causa de la denuncia.
Cabe recordar que el 13 de septiembre del año pasado, el entonces gobernador, Jaime Heliodoro "N", realizó una publicación en el Periódico Oficial del estado, donde revocó el acuerdo de 1995, en el que se delimitaba la explotación de las pedreras en Sierra Mitras Poniente y en el Cerro San Miguel, que abarcan los municipios de García, Escobedo, Santa Catarina y El Carmen.
En esa ocasión se argumentó que, como el decreto de 1995 incumplía con ciertas disposiciones legales, se quitaban dichas delimitaciones para dar paso a proyectos inmobiliarios de casa-habitación y de comercio cerca de las pedreras que operan sobre Sierra Mitras Poniente y el Cerro San Miguel.
"Se revoca el acuerdo signado por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 5 de abril de 1995, por las razones y fundamentos y para los efectos y alcances señalados en el considerando sexto", refirieron en la publicación del 13 de septiembre del año pasado.
Sin embargo, tres meses después, el 29 de diciembre de 2021, el gobernador Samuel García Sepúlveda revocó el decreto que Jaime Rodríguez publicó un mes antes de dejar el cargo, y volvió a prohibir la construcción de viviendas y giros comerciales cerca de las pedreras.
“Se revoca y se deja sin efectos el acuerdo emitido el 3 de agosto de 2021 por el entonces gobernador constitucional del estado de Nuevo León, y publicado el 13 de septiembre del 2021 en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se delimita la zona de reubicación de las instalaciones de las empresas extractivas derivadas del decreto número 187 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 4 de enero de 1982, así como se establecen las zonas de salvaguarda en las de limitaciones establecidas en el propio acuerdo ahora revocado y sus anexos”, se lee en la publicación del pasado 29 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado.
Esta situación concluyó en las denuncias contra Vital y Torres por dichas acciones en lo último de la administración de Jaime Rodríguez Calderón.
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... Y van por Manuel González por daño de $1,172 millones
Luego de que el gobernador Samuel García Sepúlveda lo responsabilizara de 30 por ciento de las anomalías detectadas en la anterior administración, el Estado denunció a Manuel González Flores, ex secretario general de gobierno, por presuntamente incurrir en afectaciones al erario por mil 172 millones 309 mil 132 pesos.
Fuentes del Ejecutivo estatal revelaron que Manuel González habría incurrido en el delito de ejercicio indebido de funciones en contra del patrimonio del estado por presuntamente haber pagado servicios que no se adquirieron con los proveedores Sainar Medical y Servicios Médicos de Emergencia.
Ambos proveedores relacionados con el giro de servicios médicos y que fueron contratados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón).
En ese sentido, se detalló que a Sainar Medical se le realizaron pagos por un total de 188 millones 417 mil 662.28 pesos solamente en 2021, mientras que con Servicios Médicos de Emergencias se erogó un total de 983 millones 891 mil 470.36 pesos en 2018, este último, año en el que Manuel González fungió como gobernador interino, debido a que Jaime Rodríguez se fue a contender por la Presidencia de la República por la vía independiente.
“Se detectó un daño al erario público por $188,417,662.68 pesos por servicios pagados no prestados contratados en el año 2021 con el proveedor Sainar Medical.
“Se detectó un daño al erario público por $983,891,470.36 por servicios pagados no prestados contratados en el año 2018 con el proveedor Servicios Médicos de Emergencia”, refiere el documento de la querella.
Además de González, en esta carpeta de investigación también están involucrados los ex funcionarios Julio César Salazar Izquierdo, Dory Sislay Aldaco Nava, José Francisco Villarreal Gijón y José Manuel López Valero.
Dicha denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción bajo el expediente 763/2021-UI3-FECC y su acumulada 20/2022-UI3-FECC de la Unidad Investigadora número tres.