El mejor abogado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón para evitar la sanción en su contra por parte del Congreso local ha sido el tiempo.
A poco más de dos años de que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmara las anomalías del mandatario con la recolección de firmas para alcanzar su campaña presidencial, no se sabe quién o quiénes lo defienden y con qué recursos cubre esos gastos.
El pleito legal comenzó con la sentencia que la Sala Especializada emitió el 21 de junio de 2018 en donde se confirmó el desvío de recursos públicos, al detectar que 572 trabajadores del estado recolectaron firmas en días y horas laborales para obtener la campaña presidencial.
Ello, producto de una denuncia que interpuso el ahora senador Samuel García y la diputada local Mariela Saldívar.
En ese documento, el tribunal electoral pidió al Congreso local definir y ejecutar la sanción en contra del mandatario estatal y su secretario general de gobierno, Manuel González, al considerar que el Legislativo funge como el superior jerárquico del Ejecutivo; la sentencia fue confirmada por la Sala Superior.
Esto ocasionó que el gobernador y Manuel González interpusieran una serie de amparos en los diferentes tribunales, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La máxima instancia le dio entrada a una controversia constitucional que el Ejecutivo estatal interpuso el 26 de septiembre de 2019 y que el 4 de octubre pasado le concedió una suspensión para evitar que el Legislativo siguiera con el proceso de la sanción.
En octubre de 2019, los legisladores locales, dentro de sus reglas procesales, pidieron la comparecencia del mandatario estatal y de Manuel González, llamado que sólo fue atendido por el secretario general de gobierno.
Al respecto, el mandatario dijo en esa ocasión que el Congreso no es la autoridad competente para ejercer alguna sanción en su contra.
“A mí me parece un show ir yo al Congreso a lo mismo que ya sé y que ya saben los diputados. Yo mandé a mi abogado a entregar mi dicho que es el mismo. No es el Congreso, sigo insistiendo, la autoridad que tenga que resolver un tema de ese tipo”, declaró el 16 de octubre del año pasado.
En ese mismo tenor se pronunció Manuel González, al afirmar que el Congreso no es la instancia correspondiente para multarlos.
"Comparezco ante ustedes a cautela. Imagínense, señores representantes populares de quienes el pueblo de Nuevo León confió la soberanía de este gran estado. Lejos de defenderla, se someten a las directrices de un Tribunal Electoral federal", dijo el 15 de octubre pasado.
Recientemente los diputados en el Congreso local emitieron un dictamen que contemplaba la inhabilitación y destitución de Manuel González, ya que se aseguraban que él no estaba protegido por la suspensión de la SCJN. Sin embargo, el máximo tribunal del país notificó al Legislativo que la protección también aplicaba para el secretario general, situación que llevó a los diputados a elaborar el documento, pero sin aplicar la pena.
Pese a ello, el dictamen no logró los votos en el Pleno y regresó a la Comisión Anticorrupción; la nueva propuesta consistió en una sanción económica de 317 mil pesos, pero tampoco fue aprobada.
Ante esta situación, la Suprema Corte enlistó el caso el 15 de julio pasado para su discusión; el tema no se tocó y el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, decidió aplazarlo.
Cronología de una sanción que no llega
1- El 31 de enero de 2018, Samuel García y Mariela Saldívar denunciaron ante la Junta Local del INE a Jaime Rodríguez por irregularidades en la recolección de firmas para su candidatura a la Presidencia de la República.
2- El 30 de junio de 2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) instruyó al Congreso de NL para aplicar una sanción.
3- El 18 de septiembre de 2019, Arturo Bonifacio de la Garza inició de manera oficial con el proceso de sanción al gobernador Jaime Rodríguez y a Manuel González.
4- El 4 de octubre de 2019, el ministro Eduardo Medina Mora renuncia a su cargo; antes de irse concedió una suspensión que frena las sanciones del Congreso.
5- El 20 de diciembre de 2019 se cumplió la fecha que fijó la Corte para definir la sanción.
6- El 3 de marzo de 2020, los magistrados resolvieron que la controversia constitucional no les impide concluir con el proceso de castigo.
7- Ayer se reveló que la SCJN aplazará la resolución de la controversia constitucional del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.