El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que respetarán los derechos políticos de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, después de que estuvo presa más de cinco años y fue exonerada por un tribunal.
En la primera conferencia conjunta entre ambos políticos, López Obrador afirmó que la maestra no va a trabajar en el próximo gobierno.
“No va a trabajar la maestra Elba Esther en el gobierno próximo. Como ciudadana, en el uso de sus facultades va a ejercer sus derechos. Se van a reconocer sus derechos pero nadie va a estar al margen de la ley”, dijo tras la tercera reunión con Peña Nieto.
Reiteró que nadie estará por encima de la ley y “la política educativa es una facultad del Estado mexicano y va a corresponder al Estado definirla, para eso existen tres poderes. En su momento se van a enviar las iniciativas; si existen controversias las resuelve el Poder Judicial”.
Explicó que hubo un proceso legal contra la maestra y “ella es declarada inocente, libre; se tiene que respetar su derecho de participación”. También mencionó que no se intervendrá en asuntos internos de sindicatos y que se cancelará la reforma educativa.
“Se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que va a tomar en consideración el punto de vista de maestros y padres de familia”, dijo.
Peña Nieto aseguró que no hubo encono personal contra la ex lideresa magisterial y descartó que haya sido una perseguida política, como ella lo señaló en la conferencia de esta mañana.
“Aquí nunca ha habido ni un encono personal ni particular con quien fuera la dirigente del SNTE. Hemos sido absolutamente respetuosos del proceso que se ha seguido y de las definiciones que ha tomado el Poder Judicial de la Federación”, dijo.
Señaló que “el proceso que enfrentó o enfrenta es con elementos que fueron judicializados por la PGR y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. No las toma el Ejecutivo, el Poder Judicial es un poder autónomo que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera, trayectoria es conocida públicamente, y el juicio que enfrentó haya tenido que ver con una persecución de orden político. Nada más falso que ello y no tengo más respuestas a quien se le respetan sus derechos políticos y en lo que ella ha realizado”.
Afirmó que su gobierno “es absolutamente respetuoso de la división de poderes y absolutamente respetuoso de las definiciones que toma el Poder Judicial, instancia ante la cual fue acusada la maestra con los elementos que aportó la PGR en su momento y ésta es una definición que el gobierno de la República respeta”.
jbh